* La iniciativa fue presentada por el Diputado Octavio Martínez, contribuirá a recobrar la confianza de la sociedad, a corregir aquellas cosas que aún siguen dañando a los mexiquenses.
Después de casi 3 años de que el Diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presentará una iniciativa para eliminar la figura del fuero constitucional a los servidores públicos de la entidad, el 04 de octubre de 2012. Hoy el legislador del sol azteca, presenta un punto de acuerdo en el que exhorta a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dicha iniciativa sea dictaminada y a probada a la brevedad. “Han pasado 1,024 días desde entonces y hasta la fecha no hay un dictamen al respecto. Esto a pesar de que la Ley Orgánica señala que la Comisión o Comisiones a las que sean remitidas las iniciativas o asuntos presentados a la Legislatura, harán llegar su dictamen al Presidente en una prórroga por otros 30 días únicamente” demandó.
El diputado perredista, señaló que acotar el fuero constitucional contribuirá a recobrar la confianza de la sociedad, a corregir aquellas cosas que aún dañan a los mexiquenses.
“Frente al descrédito que enfrentan las instituciones del Estado, decisiones como esta enviarían un claro y contundente mensaje a los mexiquenses: la clase política renuncia al sistema de protección y complicidades y decide enfrentar la responsabilidad personal que atenta contra el interés superior de la sociedad” resaltó.
Además, explicó que se busca demarcar en la justa dimensión este instrumento jurídico para que sea utilizado efectivamente como mecanismo de protección de abusos entre poderes, inhibiendo las tentaciones regresivas que, en algún momento, pretendan perseguir con fines políticos a quienes se manifiesten en contra de las determinaciones o de los abusos de un poder, causa verdadera y razón fundamental de su existencia”.
Finalmente, el legislador Octavio Martínez Vargas recalcó que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) siempre ha estado comprometido en generar un marco eficiente de rendición de cuentas, porque es una responsabilidad social que los electores les han impuesto.
