GINEBRA (8 de abril de 2016) – El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, pidió hoy a la comunidad internacional poner fin urgentemente al secreto financiero. Advirtió que la evasión de impuestos y el flujo de fondos de origen ilícito socavan la justicia y privan a los gobiernos de los recursos necesarios para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

El llamado de atención del experto llega en el momento en que documentos filtrados muestran cómo corporaciones, personas adineradas y  políticos han sistemáticamente ocultado activos en más de 21 jurisdicciones offshore.

“Los clientes pueden haber tenido motivos diferentes para depositar sus activos en más de 210,000 compañías ficticias (shell companies). Sin embargo, la evasión de impuestos -ocultando la corrupción y los fondos criminales- parece ser una razón preminente”, dijo el Sr. Bohoslavsky, autor de un reciente estudio * sobre los flujos financieros ilícitos presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El experto señaló que las compañías ficticias  también han sido utilizadas en el pasado por grupos e individuos para evitar sanciones y ocultar el tráfico de drogas, el comercio ilícito de armas y el terrorismo, así como por gobernantes autoritarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

“La evasión de impuestos destruye la confianza en las instituciones públicas y el estado de derecho y reduce el espacio fiscal para la inversión en atención de la salud, educación, seguridad social y otros bienes y servicios públicos”, dijo el experto independiente. “Fondos públicos esenciales, para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todos, son robados a la gente”.

La documentación filtrada muestra que muchos bancos e intermediarios financieros no han ejercido la debida diligencia con sus clientes. Algunos de ellos pueden hasta haber ayudado y encubierto el fraude fiscal, la corrupción y otras actividades delictivas. De acuerdo con la investigación ‘Panama papers’, más de 14,000 bancos, bufetes de abogados, creadores de sociedades u otros intermediarios han establecido empresas, fundaciones y fideicomisos para clientes.

El Sr. Bohoslavsky recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que los flujos de fondos de origen ilícito privan a muchos Estados de los recursos necesarios para la  realización progresiva de los derechos humanos. En una resolución adoptada el mes pasado, el Consejo subrayó la necesidad de transparencia y procedimientos efectivos de debida diligencia de los intermediarios financieros.

La reducción sustancial para el año 2030  de los  flujos financieros ilícitos es una meta acordada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El poner freno a este tipo de flujos también fue un acuerdo alcanzado  en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en julio de 2015 en Addis Abeba.

“Los Estados deben tomar las medidas para cumplir estos compromisos”, dijo el experto. Los  ‘Panama papers’ ponen de relieve la necesidad de hacer legalmente obligatoria, en todos los países, la divulgación pública de información sobre la titularidad real. Los Estados deben poner fin al perjudicial secreto bancario para el cual  no existe ninguna justificación”.

“Tenemos que movernos a un sistema global de intercambio automático de información fiscal que asegure que los países en desarrollo pueden beneficiarse de ella en igualdad de condiciones”,  indicó el experto. “Las instituciones financieras y los intermediarios que facilitan la evasión fiscal, la corrupción u otras actividades criminales deben también rendir cuentas”.

De acuerdo con estimaciones del Global Financial Integrity, un think tank basado en Washington, los flujos financieros ilícitos desde países en desarrollo y economías emergentes relacionados con la evasión de impuestos, la delincuencia, la corrupción y otras actividades ilícitas,  ascendieron a 1.1 billones de dólares en 2013. Se trata de una importante pérdida de recursos que aumentó durante la última década en una tasa promedio del 6.5 por ciento por año.