Ciudad de México, 14 de enero de 2020 – Frente al reto que plantean las desapariciones de personas en México y a dos años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llama al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para avanzar en su implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación real de las familias de personas desaparecidas.
La ONU-DH considera que la publicación de información oficial nueva y el reconocimiento público del problema son avances. Asimismo, ha observado progresos en la consolidación institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda y en la conformación de la mayoría de las comisiones estatales de búsqueda.
No obstante, estos desarrollos, aún es necesario continuar impulsando la armonización legislativa y la consolidación institucional. Al respecto, faltan 23 entidades federativas por aprobar su legislación local armonizada con la Ley General; 28 no cuentan con ley armonizada de declaración especial de ausencia; siete aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y tres tienen pendiente crear su comisión local.
Además, es preocupante que todavía no exista una plena colaboración en la materia entre la federación y los estados. Un ejemplo de ello es que no todos los órganos de procuración de justicia a nivel estatal han enviado información actualizada o completa sobre personas desaparecidas para su incorporación al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Completar esta información para contar con un diagnóstico que favorezca el diseño de mejores estrategias de atención y erradicación de las desapariciones es urgente ante las más de 61 mil personas desaparecidas de las que se tiene conocimiento oficial y el hecho de que se siguen registrando nuevas desapariciones.
La ONU-DH alienta especialmente a las autoridades estatales a seguir avanzando en la adopción de los programas, registros y bases de datos establecidos en la Ley y a continuar trabajando en el fortalecimiento de las labores de búsqueda y de investigación, a través de medidas institucionales, presupuestales y normativas.
Además, la ONU-DH hace un llamado a todas las autoridades involucradas a consolidar el funcionamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
La aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley General fue producto de la reiterada exigencia y la participación de las familias de las víctimas en el proceso legislativo, con el objetivo de contar con las bases legales necesarias para poner fin a la desaparición de personas. En su elaboración, dicha Ley contó con la asistencia de organismos internacionales.
Finalmente, la ONU-DH invita al Estado mexicano a fortalecer los espacios de colaboración y asistencia técnica con organismos internacionales especializados, como el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en aras de potenciar la implementación efectiva de la Ley general en beneficio de las miles de víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto.
