Por Abel Santiago

Diputados, por la que se reforman los artículos 11 y 73 de la Constitución General de la República, para expedir una ley reglamentaria de las marchas y otras movilizaciones. Fue turnada a comisiones para su análisis y elaboración del proyecto respectivo. El panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que es una de las dictaminadoras, declaró que “qué bueno que se le vayan a otorgar facultades constitucionales al Congreso para legislar en esta materia, porque por igual están bloqueando vías generales de comunicación de jurisdicción federal, que de jurisdicción local. Están, con el pretexto de la libre expresión de ideas, alterando el orden público, el orden social, dañando la propiedad privada, afectando a terceros, y eso es inadmisible”. El también senador panista Roberto Gil Zuarth desechó, como lo afirmaron legisladores del PRD y del PT, que se pudiera vulnerar el derecho a manifestarse. Dijo que “no hay ninguna letra” en la minuta que criminalice la protesta social. Afirmó que los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo reiteraron su rechazo a esa iniciativa de ley, porque criminaliza  las protestas en el país y busca legitimar la represión, lo que no es cierto. Y no lo es en efecto, porque por el contrario, las protestas son las que se han criminalizado, como se demuestra diario con la quema de autobuses, robo a transportes de mercancías, asalto a los automovilistas en las casetas de peaje y otros actos de vandalismo de sobra conocidos.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Bravo, dijo que con las acciones violentas de grupos que participan en manifestaciones, agreden bienes de la iniciativa privada, como tiendas o sucursales de bancos, pero que se quiera o no, estos lugares también generan empleos y permiten que las personas tengan ingresos. Señaló que lo que sí ha provocado la acción de esos grupos, es que se endurezcan las actividades represivas del gobierno, aumenten las detenciones arbitrarias y los abusos de las fuerzas policiacas y se propicie el alejamiento de muchas personas inconformes con las injusticias, pero que desean manifestarse pacíficamente. Señaló que “antes los partidos políticos eran la forma de canalizar el descontento, pero cuando vemos que todos son iguales, corruptos y vinculados a la delincuencia organizada, uno se explica el coraje y la ira de muchos jóvenes y también que quieran realizar acciones de otro tipo, pero tampoco se puede justificar de ninguna manera que haya violencia y se golpee de manera inmisericorde a un policía”. También los han mantenido secuestrados e incomunicados, igual que a varios funcionarios públicos, como hace unos días al gobernador de Guerrero, a quien obligaron a participar en una manifestación de protesta por los normalistas desaparecidos. Con este mismo motivo se han multiplicado las manifestaciones diarias, pero también se ha abusado de la libertad de expresión y cometido muchos delitos en su nombre.

Los principales afectados  con las marchas de protesta, ciudadanos, comerciantes e iniciativa privada, han manifestado su solidaridad con los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y Verde Ecologista Mexicano, cuyos diputados aprobaron la ley que regula las manifestaciones, porque muchos daños y perjuicios les han ocasionado y consideran justo y necesario que se marque un límite legal a esos actos, aun cuando no sería necesario si las autoridades actuaran en contra del vandalismo y no que lo permitan como actos de libertad de expresión, como ocurre actualmente. Sin embargo, esta polémica iniciativa de ley también ha sido censurada por considerársele como un efectivo freno a la libertad de manifestación de las ideas, y tal vez por innecesaria de ser efectiva la justicia y la aplicación de las leyes. En estos momentos de inconformidad social en el país no es prudente aprobar una ley anti-marchas, advirtió Jesús Mendoza Zaragoza, titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco, Guerrero. Agregó: “Lo que se requiere en estos momentos aciagos, es que el gobierno escuche a los ciudadanos y no pretenda limitar su derecho de expresión, de ahí que la promoción de una ley de movilidad sólo encenderá más la inconformidad ciudadana”. También dijo que “La actitud que se esperaría de las autoridades es la de escuchar y atender a la gente, así como distinguir perfectamente la protesta social del vandalismo”. Por los reportes que se publican diariamente en la prensa vemos que la protesta social y el vandalismo no se pueden distinguir ni perfectamente ni a simple vista.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López Rodríguez, dijo que “la propuesta de reglamentar las manifestaciones es una regresión. Con esa propuesta se coartarían los derechos de la sociedad civil.” No puede considerarse regresión a la pretensión de proteger los derechos de los terceros perjudicados, que es la inmensa mayoría de la población, como tampoco se coartarían los derechos de la sociedad civil, porque estos están garantizados en la Constitución. Es cierto que establecería una limitante, pero esta ha sido ocasionada por los atropellos que se cometen por parte de los que están abusando de la libertad de expresión.  

Si como se espera, el Senado de la República aprueba las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, los responsables serán los normalistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en especial la sección 22, únicos que han incurrido en el vandalismo con sus movimientos constantes, últimamente diarios, de protesta por el motivo que se les ocurra. No han sabido respetar los derechos del pueblo, su libre tránsito y el cumplimiento puntual de su trabajo, menos los de la iniciativa privada, a la que tienen condenada a sufrir pérdidas económicas con sus robos, incendios y bloqueos. Seguirá la polémica, vencerá el más fuerte, pero por lo pronto tendremos que seguir tolerando el terrorífico vandalismo.

abelsantiago30336@yahoo.com.mx