Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

El siete de este mes se celebró un aniversario más de que fue instituido, en 1951, el Día de la Libertad de Expresión, conocido también como día el periodista, debido a que este derecho no se respetaba, a pesar de que fue uno de los primeros que se lograron conquistar desde la consumación de la independencia, confirmado en las Leyes de Reforma juarista y ratificado en la Constitución promulgada en 1917. Los gobernantes siempre obstaculizaban su ejercicio, por eso las grandes luchas que libraron sus precursores como Melchor Ocampo y las víctimas más destacadas como Belisario Domínguez y Ricardo Flores Magón. Con la institucionalidad gubernamental la persecución contra la libre expresión continuó, haciéndose más notoria su práctica prohibición por el crecimiento de las publicaciones periodísticas y de otros medios, pero también se intensificó la lucha por su respeto y vigencia, que produjo el encarcelamiento o asesinato de los más combativos periodistas. El gremio no se doblegó, al contrario, se unió y fortaleció más.

Fue entonces cuando se proclamó el día de la libertad de prensa y expresión, pero sólo en forma simbólica, porque las consignas llegaron a convertiste en oficiales, estimulándose espléndidamente su acatamiento o castigando severamente su desobediencia. Así surgió el mercantilismo, que convirtió a muchos medios en verdaderas empresas, enriquecidas por los grandes subsidios para dejarse controlar. Se inventó también, para muchos comunicadores, el famoso “sobre lacrado”. Incluso entre los medios independientes y los periodistas insobornables llegó a imponerse la prohibición de censurar a algunos políticos, entre los que figuraron Ernesto P. Uruchurtu y Carlos Hank González, y desde luego el presidente de la República en turno, modalidad arbitraria que se conservó hasta poco antes de la llegada al poder de la docena trágica panista.

La lucha por la vigencia plena de la libertad de expresión ha continuado, porque aun cuando mucho se ha avanzado, se siguen presentando casos de amenazas e incluso de atentados contra los periodistas más combativos y los independientes que con frecuencia ejercen la crítica  política y económica, como puede comprobarse con la información constante de sus desapariciones y asesinatos en diferentes lugares de la República, habiendo algunos estados en los que es más peligroso el ejercicio de esta profesión, como ha ocurrido en los  últimos años en Veracruz, que registra el mayor número de víctimas, porqué también es donde prevalece la corrupción e impunidad. Sin embardo, al hablarse de la libertad de expresión no se alude exclusivamente al periodismo, sino a las otras muchas formas de manifestarse, como a la libertad de asociación, de tránsito, de cultos, de militancia política, y a todos los derechos consagrados en nuestras constituciones, federal y estatales.

Los controles a las libres manifestaciones también comprenden el aspecto democrático, en el que no se han logrado grandes avances, a pesar de las reformas constantes a las leyes electorales, porque se siguen aplicando los controles a través de los subsidios a los partidos políticos, cuyos dirigentes son los que deciden las candidaturas, dejando a la ciudadanía sólo la emisión del  voto, que tampoco es respetado, porque se manipula por medio de dádivas y la llamada mapachería que practican los partidos dominantes en la mayoría de las entidades del país. El ejercicio democrático, comprendido como uno de los principales derechos del pueblo, sigue sujeto al control del centralismo que ha vuelto a imponerse, como acaba de ocurrir en las elecciones efectuadas el pasado domingo cinco. Por eso las muestras de inconformidad y los recursos legales presentados ante las autoridades competentes, que como también se ha demostrado, permiten la manipulación y la imposición de la ilegalidad, dando validez a las actitudes procesales carentes de legitimidad.

La libertad de expresión,  sin embargo, no debe confundirse con el libertinaje, como ocurre en Oaxaca con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22, que ha abusado de la libertad sindical, cometiendo delitos, en nombre de ella, que ameritan la aplicación de las leyes federales y estatales. Como sabemos, desde hace más de 30 años han venido incurriendo en lo que últimamente ha dado en llamarse vandalismo, en defensa de las privilegiadas posiciones de sus dirigentes. Hace algunos meses se ha acentuado la conducta delictiva de ese grupo, por lo que, con pruebas suficientes las autoridades judiciales iniciaron averiguaciones en contra de algunos de ellos, con su consiguiente detención, lo que motivó que se incurriera en delitos mayores, que ameritaron finalmente la detención  de los máximos dirigentes: Rubén Núñez Ginez, secretario general, y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez, secretario de organización. Estas justas y legales aprehensiones, ocasionaron que sus seguidores redoblaran sus actividades delictivas, como el asalto y robo de mercancía a transportes comerciales, incendio a unidades de transporte urbano y a uno de la línea ADO, así como  cierre de carreteras y bloqueo de calles y avenidas, tiendas de autoservicio y oficinas públicas y privadas, continuando también con su plantón en el zócalo capitalino, todo esto en perjuicio de la población, del comercio establecido, y de la niñez por el paro de labores iniciado  desde el 15 del mes de mayo pasado.

Como lo han expresado las autoridades federales, no debe confundirse la aplicación de las leyes cuando se comenten y comprueban delitos que ameritan pena corporal, con las actividades propias de una lucha por la defensa de derechos laborales y de organización, como es el caso de la libertad de expresión a la que nos referimos en este tema, con motivo de su celebración y por el respeto a esta conquista histórica, que sistemáticamente se ha violado, sobre todo cuando se abordan cuestiones relacionadas con la vida política nacional, en la que todos los mexicanos tenemos obligaciones y derechos.