*Emitieron un pronunciamiento con once puntos entre los que resalta la necesidad de establecer medidas de inclusión y sancionar la violencia de género hacia mujeres lesbianas.

Toluca, Estado de México; 1 de diciembre de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la asociación civil Fuera del Clóset emitieron un pronunciamiento en el que hacen un respetuoso llamado a la LX legislatura local, para que presente, dictamine y apruebe el matrimonio igualitario en la entidad, incluyendo la adopción homoparental; así como la ley de identidad de género y la prohibición de terapias de conversión, además de impulsar una agenda legislativa apegada a los derechos humanos.

También solicitan al Estado de México adoptar medidas urgentes de inclusión y nivelación, acciones afirmativas que atiendan las necesidades de la población trans respecto a su identidad de género, e investigar y sancionar los homicidios en su contra; y enfatizan la imperiosa necesidad de crear mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia de género hacia las mujeres lesbianas.

El pronunciamiento derivó del Coloquio “Del amor que no se nombra a la identidad, luchas, resistencias y VIH”, donde se expuso la problemática que enfrentan hoy en día, pues a pesar de los avances por reconocer la diversidad, prevenir y eliminar la discriminación, continúan las prácticas homofóbicas, machistas, misóginas y transfóbicas normalizadas en la vida cotidiana y apuntaladas en las estructuras sociales, lo cual es un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos que tienen los integrantes de la población Lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI).

El documento, en el cual el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, firma como testigo, junto con especialistas participantes en el coloquio, consta de 11 puntos que refieren también la necesidad de visibilizar y reconocer a las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, por sus aportes a los distintos ámbitos de la sociedad; no tolerar la violencia contra la población LGBTTTI y crear de manera urgente, mecanismos, acciones y políticas públicas que ayuden a reducir esos actos, incluyendo la reparación integral del daño.

Proponen capacitar a las y los servidores públicos, con perspectiva de género, de diversidad sexual y de derechos humanos, para que su actuación se apegue a lo que marca la Carta Magna, leyes, protocolos, recomendaciones y tratados internacionales, con la finalidad de garantizarles  igualdad y condiciones así como el acceso a la justicia en los casos de crímenes de odio.

Otros puntos se refieren a llevar a cabo acciones para prevenir la transmisión del VIH o sida, y elaborar protocolos y programas específicos para dar un trato digno sobre todo a mujeres transexuales, hombres gays, trabajadoras o trabajadores sexuales y personas privadas de libertad; generar campañas y talleres de sensibilización para representantes de medios de comunicación, afin de que no reproduzcan estereotipos ni prejuicios.

Evitar la violencia contra las expresiones de la población LGBTTTI; sancionar y erradicar de la vida pública los discursos de odio; y por último, no utilizar los datos sensibles como la orientación sexual, expresión o identidad de género o el estado de salud para invisibilizarlos post mortem por parte de instituciones o familias.