Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el jueves pasado, Gabino cué Monteagudo hizo declaraciones por las que se confirma la ingobernabilidad que se vive en Oaxaca, que el poder real lo ejerce la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que la educación pública en el estado está exclusivamente en las ineptas manos de la corrupta sección 22. Algo totalmente increíble, infantil por no decir lo que en realidad significa, fue su explicación de que “para aplicar la ley hay que tener un estado de fuerza y Oaxaca no lo tiene. Tenemos poco más de tres mil 88 policías y la Coordinadora cuenta con más de 82 mil agremiados”. Estos son los que para él cuentan y no los millones de habitantes. Entonces Peña Nieto podría argumentar que no cuenta con el suficiente número de fuerzas armadas para gobernar al país, porque no puede compararse con el total de elementos con que cuenta la Coordinadora a nivel nacional, ya no digamos el número de habitantes del país. Es lo más ilógico que puede decir un gobernante, que todavía se atrevió a decir que es falso lo que se dice en el gobierno federal, “de que el gobernador es tolerante y permite desmanes de la CNTE; esas expresiones no son correctas”. Claro que no lo son porque no es tolerancia sino complicidad la que se tiene con la Coordinadora, además de complacerla en todos sus caprichos y colmarla de privilegios, como no lo ha hecho ningún otro gobernante.

Confirmando que no tiene el menor principio de autoridad, sostuvo que desde 1992 la educación básica  en la entidad la controla la CNTE, que es la que decide e impone a los mandos medios y superiores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, diseña los programas educativos y sanciona a los profesores “si no asisten a sus movilizaciones y si asisten a ellas les otorga estímulos económicos. La CNTE tiene el control del pase de lista de maestros en los planteles y las sanciones administrativas”. Lo que le faltó decir es que también tiene el control de él y del Congreso del Estado, por eso se han negado a aprobar la reforma educativa, acorde con la federal, y que del erario público estatal sale el dinero para el otorgamiento de los estímulos económicos y para el sostenimiento de los bribones líderes magisteriales, que salen enriquecidos en cada cambio de comité directivo. Su ingobernabilidad, sin embargo, tuvo el atrevimiento de achacársela a sus antecesores, diciendo que también a partir de 1992 esa “dirigencia puso en marcha una serie de prestaciones que negoció con los gobiernos en turno: posibilidad de heredar plazas a familiares y plazas en automático a egresados de las normales. En los gobiernos de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz se beneficiaron con 120 días adicionales de aguinaldo, bonos y apoyos”.

Lo que no dijo Gabino fue que él no ha tenido el valor suficiente para hacer los cambios de acuerdo con las leyes, ni que ha sostenido y aumentado esas prestaciones, menos que por el vacío de poder existente los capos de la 22 hayan llegado al colmo de la delincuencia en perjuicio del comercio establecido y de los prestadores de servicios, como los de las líneas camioneras y de aviación. No como un digno gobernante, sino como un impotente ciudadano incapaz de defenderse, se quejó durante su asistencia a la mesa de diálogo sobre la reforma educativa que realiza la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: “Se trata de un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado, apuntalado por una membresía sindical de más de 80 mil trabajadores, cuya capacidad de movilización ha superado históricamente los mecanismos de contención y control de los gobiernos estatales. Esa es la razón que ha imposibilitado el registro de controles de asistencia y sanciones al magisterio”. El quejoso, que se declaró derrotado, en esta parte sí justificó la tolerancia de sus antecesores. No obstante, ellos no tuvieron el apoyo de la federación como lo tiene Gabino, que inclusive le ha retirado el cargo del pago de nómina, con lo que sí es posible aplicar sanciones a los capos, que siguen contando, a pesar de todo, con el apoyo gubernamental al incumplir el mandato constitucional de la reforma educativa, que debe aplicarse en toda la República, menos en Oaxaca, donde como queda demostrado, gobierna la CNTE.  

Antes de escribir el comentario final a la comparecencia del gobernador en el Senado de la República, se difunde por los medios electrónicos la noticia de que el gobierno estatal y el federal acordaron la reestructuración del IEEPO, que pasa a convertirse en Secretaría, con lo que se reduce al mínimo el poder oficial del gansteril gremio magisterial. Sin embargo, se informa que la iniciativa pasará al Congreso del estado para su aprobación, lo que ya es un obstáculo, porque  hemos visto cómo “trabaja” esta legislatura, que no ha podido aprobar la ley estatal de educación, como se ha repetido en muchas ocasiones. La iniciativa es importante, porque se espera que en efecto sea el gobierno el que maneje el sistema educativo en Oaxaca, y que figure como un principio para aplicar la ley y acabar con el desorden. No se tratará de medir fuerzas sino de establecer el estado de derecho, perdido desde hace 35 años, en que la delincuencia magisterial se había institucionalizado. Un punto a favor del gobernador, que le traerá muchos más, será saberse sostener y estar decidido a que en la entidad vuelva a prevalecer la paz y tranquilidad. Recobrará, igualmente, el respaldo popular perdido por su larga complacencia con ese conflictivo sector gremial.