Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

El pasado 30 de junio, el congreso local, que no ha tenido el valor suficiente ni la capacidad  para aprobar la ley de educación estatal, aprobó un endeudamiento más del gobierno del estado, ahora por 2,400 millones de pesos, con los que la deuda alcanza el monto histórico de 13 mil millones de pesos, muy superior a la que dejó el saqueador del erario público Ulises Ruiz Ortiz, que fue de 4,546 millones de pesos. Con este nuevo préstamo, más el presupuesto normal, ya tiene Gabino Cué Monteagudo y su equipo lo suficiente para un buen año de Hidalgo, próximo a iniciarse. Se sabe también que buena parte de ese préstamo está destinado a seguir sosteniendo el movimiento magisterial, que ya ha cumplido un año de plantón en el Zócalo, causando daños irreparables al comercio establecido. En la Cámara de Diputados se recordó que uno de los grandes avances en 2015 fue la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, la cual se hizo para evitar el endeudamiento indiscriminado de estados y municipios: “La finalidad de esta reforma que mandata nuestra Carta Magna es que los estados sólo pueden solicitar la ampliación del presupuesto para obra pública o infraestructura, no para los fines que el gobernador de Oaxaca expone”, se comentó en la legislatura federal, que consideró improcedente y absurda la solicitud de Gabino Cué. No obstante, el dócil congreso local la aprobó, seguro de que seguirá disfrutando de parte de los despilfarros gubernamentales.

Cerca de concluir su periodo la actual administración gubernamental, demuestra por qué desde su inicio se convirtió en cómplice de la anterior, a la que había ofrecido juzgar por corrupción e impunidad, para lo cual montó una farsa con una contralora supuestamente indoblegable, que hace poco fue sustituida por uno que también resultó manejable y servicial. El resultado es que con la nueva deuda Ulises figura como un honrado gobernante, único además que trató de someter al nefasto magisterio, que con este gobierno ha vuelto a gozar de todos los privilegios, incluyendo el de cobrar sin trabajar y recibir bonos y compensaciones extraordinarios. Por eso, ante las sentencias justas y oportunas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenaza con incrementar su bandolerismo a partir del 15 de este mes, con acciones sincronizadas en varios estados de la República. Ante sus patadas de ahogado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pretende acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos para exponer sus infundados argumentos para rechazar la reforma educativa. Rubén Núñez Ginés, jefe del cártel 22 y uno de los profesores que más cobra sin trabajar en el país, informó que durante el periodo vacacional se buscará la reorganización de las formas de lucha, porque “no sólo se convocará a marchas y mítines, tenemos el compromiso de alcanzar nuevas formas organizativas”, y seguramente también de desquiciar la vida organizada de los oaxaqueños.

Después de 35 años de abusos magisteriales con el pueblo oaxaqueño, al que ha tenido como rehén para consumar sus fechorías, es de esperarse que con las sentencias en su contra del más alto tribunal de justicia por fin se haga valer la ley, a pesar de la oposición de Gabino Cué. En el pleno del jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el último bloque de amparos contra la reforma educativa, con lo que validó en sus términos la evaluación obligatoria del profesorado. Al revisar los últimos 12 amparos colectivos, del total de 26 que atrajo, declaró constitucional la Ley General del Servicio Profesional Docente. Fuentes judiciales informaron que al emitirse las tesis correspondientes, los tribunales colegiados estarán en condiciones de resolver, negando los más de siete mil recursos presentados por los docentes. Asimismo, se informó que el presidente Luis María Aguilar Morales anunció que la Corte solicitó a estos tribunales que si consideran que hay otros amparos en los que existan temas que no fueron abordados por el pleno, los envíen al máximo tribunal para que puedan ser analizados y resueltos. En el citado pleno se validó que los profesores que no pasen una tercera evaluación sean reubicados quienes cuenten con nombramiento definitivo antes de la promulgación de la reforma en 2013, o separados del cargo quienes tengan nombramiento provisional.  

El pleno también determinó que la evaluación es obligatoria, y que quien no la presente será separado del cargo, además de que el sindicato magisterial no puede intervenir cuando un profesor no apruebe los exámenes correspondientes. Según informes periodísticos, también resolvió la Corte que en caso de que alguien no pase la tercera evaluación, tiene un plazo de 10 días naturales para presentar a la autoridad correspondiente las pruebas que a su derecho convengan, y que de haber inconformidad podrá impugnar los resultados por la vía judicial. El principal argumento de los ministros para avalar la reforma fue que ésta tiene como objetivo central mejorar la calidad de la educación y que, por tanto, debía prevalecer el interés superior del niño ante la posible afectación de los derechos de los docentes. Esto es a lo que se opone el gobierno del estado de Oaxaca, que prefiere privilegiar a sus profesores y cumplirles todos sus caprichos en contra de la buena educación que debe recibir la niñez. Esta es la principal razón por la que el gobierno gestiona el nuevo endeudamiento, que como se sabe es para beneficiar a esa burocracia magisterial. El pueblo debe en este caso mostrar su inconformidad, ya que esa conducta oficial abona los grandes movimientos desestabilizadores que prepara la corrupta sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.