Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

A partir de la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que arrebató el botín a la nefasta mafia magisterial de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, se iniciaron los ataques contra el gobernador del estado, primero por los propios afectados, como era natural, luego por los sedicentes grupos de izquierda, que siguen considerando el vandalismo como lucha social, y finalmente por los opositores a la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y por oportunistas partidarios o enemigos de alguno de los aspirantes a la gubernatura. De todos ellos el grupo mayoritario ha sido el de la dirigencia sindical, que aun cuando no cuenta con el respaldo de la base, sí dispone de los medios suficientes, como los demás, para disponer de la publicidad necesaria para satisfacer sus objetivos. Ha llegado a tal grado su engreimiento, y la exhibición de su supuesta fuerza y de su muy discutible calidad moral, que anuncia un juicio político contra el gobernador para el próximo primero de diciembre, cuando el juicio penal, no político, es el que se debe aplicar a esa bastarda dirigencia, que goza de privilegios y virtual fuero por la falta de autoridades judiciales responsables y competentes.

Los errores del gobierno del estado, incluyendo la impunidad que otorgó a Ulises Ruiz Ortiz y su pandilla y los excesos que permitió a los vándalos de la 22, no fueron criticados en su momento, se dejaron pasar como algo normal, a pesar de las protestas del pueblo que exigía justicia y el estado de derecho que se prometió al principio del sexenio. Sin embargo, con motivo de la reestructuración del IEEPO, se llegó hasta la difamación y la calumnia. Esa decisión gubernamental, que no se hubiera logrado sin el apoyo del gobierno federal, coincidió con el inicio de la construcción del estacionamiento de lo que será el CCCO, lo que fue el pretexto para acentuar los ataques destructivos. No bastó la realización de la consulta popular, que aún sin el éxito esperado, respaldó la continuación de las obras. La guerra sucia ha continuado, por lo que se supone que son otros los intereses que se mueven en contra de la estabilidad deseable en vísperas del proceso político para la sucesión gubernamental, para la que han abundado exageradamente los aspirantes, a pesar de que son muy pocos los que realmente tienen posibilidades de postulación a la candidatura.

Lo inexplicable y más confuso de esa guerra sucia es que en ella se encuentran dos pintores, que por su dedicación al arte se considera ajenos a la política, y más aún a las maniobras que a través de ella se cometen, pero que son normales para los que se encuentran inmiscuidos en ese medio. Sin embargo, llegó a tanto el apasionamiento, que se culpó al gobernador de supuestas agresiones de terceros, a quienes se identificó como miembros de la sección Oaxaca de la Confederación de Trabajadores de México, que como tales prestaban sus servicios en las obras a las que se llegó a clausurar, simbólicamente pero en forma provocativa. A esto siguió otro achaque al mandatario estatal, el de ser víctimas de amenazas de muerte por medio de las redes sociales de internet, lo que motivó llevar el caso a instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Estas respondieron alarmadas, pero posiblemente por falta de pruebas el asunto pareció detenerse, o al menos entrar en un receso en espera de mayores promociones. Estas llegaron acompañadas de una copia fiel de las denuncias en contra de funcionarios del gobierno federal y de la “primera dama” de la República, por la posesión de mansiones millonarias en las zonas más exclusivas de la capital de país, atribuyéndole al gobernador una propiedad de lujo en San Felipe del Agua, igualmente valuada en varios millones de dólares, lo que de inmediato fue desmentido por el propio afectado, al que finalmente no se le pudo probar la acusación infundada, parte principal de la guerra sucia entablada en su contra.

Es sospechosa la relación existente entre todos estos últimos sucesos, sobre todo por la cercanía de la campaña electoral, pero de todas maneras es necesario insistir en que de ese río revuelto el ganador es el principal dirigente magisterial, que ha sabido aprovechar la situación para insistir en su llamado a futuros paros y nuevos movimientos contra la reforma educativa, para continuar perjudicando a los comerciantes y prestadores de servicios. Su fuerza perdida pretende recuperarla por todos los medios a su alcance, y entre estos figuran los que hasta hoy reaccionan contra errores del pasado, que por su propia naturaleza el tiempo los debilitó, aunque quedan grabados en la historia del sexenio próximo a concluir. No más tolerancia con esa dirigencia sindical espuria es el clamor popular, y por lo tanto ni un paso atrás en la consolidación y avance del nuevos sistema estatal educativo, titubeante aún por las indecisiones del Congreso del Estado. Con un gobierno debilitado ante los ataques publicitarios, la calidad de la educación continuaría en retroceso. Lo poco que se ha avanzado en obras y servicios también podría perderse, pues esa misma situación la han aprovechado los aspirantes al gobierno del estado, cuya exagerada promoción, muy anticipada a los tiempos que marca la ley, han propiciado cierta inestabilidad y amenazado la gobernabilidad recobrada recientemente. El estado de derecho, reclamo urgente de la ciudadanía, es la única posibilidad de acabar no sólo con la guerra sucia, sino con todos los abusos que se comenten por la supuesta defensa de la libertad de expresión y de los grupos y sectores marginados.