Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

Es lamentable, y hasta vergonzoso, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto, en su sesión ordinaria del pasado 24 de septiembre, que la 62 Legislatura del estado de Oaxaca incurrió en “omisión legislativa absoluta” al no armonizar sus leyes con la reforma constitucional de 2013, ni con leyes generales de educación y servicio profesional docente. La sentencia dictada con motivo de la controversia promovida por el Ejecutivo Federal contra Oaxaca, establece que “los plazos de seis meses otorgados a las entidades federativas fenecieron el 12 de marzo de 2014, por lo que es evidente que han transcurrido en exceso, sin que el Estado haya dado cumplimiento a su obligación.” El más alto tribunal de la República estableció que para abril de 2016 deben estar aprobadas, promulgadas y publicadas estas leyes, porque de lo contrario tanto el Congreso estatal como el gobernador estarían en riesgo de ser destituidos. Como respuesta, el propio gobernador responsabilizó a esta legislatura de no aprobar la ley estatal de educación con base en la reforma respectiva, e informó que el 14 de agosto del año pasado le entregó una iniciativa sobre la misma, pero que no se le dio el trámite correspondiente.

Como consecuencia de esa falta de cumplimiento, en la entidad no puede entrar en vigor el servicio profesional de carrera ni la evaluación docente para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio educativo. Los ministros de la SCJN consideraron que no es suficiente que el Ejecutivo local haya enviado la iniciativa legal correspondiente, ni que el Congreso haya realizado foros y consultas sobre la misma, entregada cuatro meses después de que venció el plazo, sino que ambos debieron haber cumplido con todo el proceso, a efecto de que el nuevo marco legal en materia educativa entrara en vigor oportunamente. El pleno resolvió que si bien la educación es materia concurrente entre la Federación y los estados, es el Congreso de la Unión el que dicta los lineamientos generales en la materia, como es lo concerniente al Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y que los congresos locales deben ajustar sus leyes a las normas generales para formar el sistema educativo nacional, en el que la calidad de la educación sea eje principal.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal interpuso la controversia constitucional contra el gobernador y el Congreso del estado, ya que incurrieron en la “omisión de armonizar las disposiciones estatales en materia educativa” para cumplir con el mandato constitucional, incurriendo en una transgresión al sistema legal nacional. A mayor abundamiento, el máximo tribunal de la República dejó en claro que la legislación que emitan las autoridades oaxaqueñas, puede ser motivo de un nuevo recurso ante ese órgano colegiado, en caso de que alguna parte interesada, como el propio Ejecutivo Federal, considere que el nuevo marco legal no cumple con la obligación constitucional de armonizar la implementación de la reforma educativa, así como el sistema de evaluación docente. Más aún, se puede llegar al caso extremo de la desaparición de los poderes estatales Ejecutivo y Legislativo.

La actual legislatura, que ha sido la más improductiva de los últimos años, acaba de clausurar su segundo periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio, sin haberle importado la llamada de atención de la Suprema Corte. Sin embargo, sus integrantes se han dedicado a promoverse, no se sabe para qué, pero sus actividades han sido muy ajenas al trabajo legislativo. Lo poco que han realizado como legisladores ha sido rutinario, sin trascendencia o con pleno desconocimiento de lo que significa ser parte de una federación, como ocurrió con su aprobación, el pasado 30 de junio, de las reformas a la Constitución local en materia electoral, sólo para favorecer a uno de los aspirantes a la gubernatura del estado, al reducir de cinco a tres años la residencia estatal, así como que los partidos políticos puedan conservar su registro con el dos por ciento de votos en lugar de tres, como está establecido a nivel nacional. Nuevamente tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia la que les señalara su error, por graves violaciones al procedimiento legislativo, al invalidar sus reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Oaxaca, con las que invadió la competencia exclusiva del Congreso Federal, además de estar plagadas de vicios e irregularidades y de atentar contra la Constitución General de la República.

En cambio lo que no sólo es de su competencia sino su obligación, la ley estatal de educación, ni siquiera la han tocado por incompetencia y temor a la insolente dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sigue insistiendo en que se apruebe su ventajosa iniciativa de Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, por el que pretenden conservar sus privilegios económicos manejando a su antojo el sistema educativo estatal, como lo hicieron por más de 35 años, colocándonos en el último lugar a nivel nacional en aprovechamiento escolar. No sería raro que en su próximo periodo ordinario de sesiones, la actual legislatura tampoco discuta y apruebe la armonización de la legislación educativa estatal con la nacional, con el pretexto de que ya va de salida, por lo que el pueblo oaxaqueño deberá ser más cuidadoso en la elección de sus futuros representantes.

(Al margen de este tema, una aclaración: los que acudimos a votar el domingo pasado a favor de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, no fuimos acarreados ni mapaches, como lo afirma el protagónico opositor a esa obra, que desea ser el único que decida todo en Oaxaca).