El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la arbitrariedad en la sentencia a prisión por cuatro años a dos miembros del Pueblo Saraguro, acusados de supuestas conductas agravantes de la infracción penal en el marco del Paro Nacional y del peligro dos sentencias arbitrarias más.

Durante de agosto y septiembre 2015, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- convocó a una movilización masiva nacional solicitando el: el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales, la derogación de la Ley de Aguas, el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento del sistema de “educación intercultural bilingüe”, el libre ingreso a las universidades, poner fin a los proyectos de minería a gran escala y la derogación de normativa que afectaba al sector laboral.

En agosto, con la activación del Volcán Cotopaxi, se decretó estado de excepción a nivel nacional y esto permitió la militarización del territorio ancestral de Saraguro, que acabó con el clima pacifico con el que se había estado desarrollando la movilización. Las fuerzas policiales y militares dispersaron y alcanzaron a los participantes hasta sus viviendas, las cuales fueron allanadas a pesar del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El operativo dejó a más de 29 personas aprendidas y luego de un proceso lleno de irregularidades en el cumplimiento del debido proceso, tergiversación de pruebas, negación de derechos y desconocimiento de  las garantías constitucionales o de los instrumentos jurídicos internacionales (como numeral 2 del artículo 10 en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT): se ha condenado a  Luisa Lozano y Servio Angamarca 4 años de prisión (uno más que establece el código por dicha pena). Adicionalmente, el miércoles 15 de junio podrían ser sentenciados hasta con tres años de prisión a Elvis Guamán y José Tubón.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

·         Señala la persecución política a las comunidades indígenas, quienes ejercen su derecho a la resistencia y la violación al debido proceso.

·         Hace un llamado al Estado ecuatoriano a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todos los demandados durante el “Levantamiento Indígena y Paro Nacional”.

·         Se solidariza con la Campaña Resistir es mi Derecho y rechaza toda criminalización a la movilización y protesta social en el Ecuador.