Amnistía Internacional, en conjunto con FIAN México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entregan a la Secretaría de Gobernación más de 15,600 firmas exigiendo justicia para la Tribu Yaqui en Sonora.

La entrega se hizo por medio de una escultura monumental con forma de venado, símbolo emblemático de la cultura Yaqui, que realizó el artista Humberto Sandoval junto con activistas. El evento público se realizó en las afueras de la Secretaría de Gobernación.

Amnistía Internacional resaltó que ha existido una afectación continuada de los derechos humanos de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia que afecta su territorio. La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, que no ha sido respetado en este caso. “Es crucial que se analice inmediatamente que las autoridades no estén imponiendo restricciones a los derechos humanos de la Tribu, verificando que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia de la Tribu Yaqui. De lo contrario, podrían ocasionarse daños irreparables” dijo Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Por otro lado, ha pasado casi un año desde la detención de Mario Luna y Fernando Jiménez, líderes reconocidos por la Tribu Yaqui, quienes son acusados por su supuesta participación en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de otro miembro de la Tribu Yaqui. Se teme que los cargos estén políticamente motivados y tengan relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua. Incluso Tribunales federales que han revisado el caso de Fernando Jiménez consideraron que no había elementos para iniciar el juicio y han ordenado su libertad, Amnistía Internacional exige que se cumpla inmediatamente esta sentencia. Por su parte, el caso de Mario Luna sigue siendo revisado por el Poder Judicial de la Federación.

La organización recordó a las autoridades federales y estatales que es fundamental garantizar que se respete el derecho a la consulta de la Tribu Yaqui así como el derecho que tienen los líderes y defensores de derechos humanos a un juicio justo, lo cual incluye garantizar la imparcialidad de todas las investigaciones criminales; el derecho a no ser objeto de cargos penales de motivación política y el que se garantice su seguridad para poder continuar con su labor de defensa.

En la tarde del día de hoy se llevará a cabo una reunión entre cinco autoridades yaquis, organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional y el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián, en la cual se exigirá frenar las violaciones a los derechos humanos de la Tribu Yaqui.