• El Ejecutivo ahora proyecta aprobar otra ley para definir los porcentajes que los diferentes gobiernos deben aportar para implementar la ley integral.

“(Todo) respecto a la ley de acoso político será implementado a partir de esta ley (Integral contra la Violencia)”, justificó ayer la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.

El 28 de mayo de 2012 el presidente Evo Morales promulgó la norma que en la práctica no ayudó a frenar la vulneración a los derechos de las mujeres políticas, porque a la fecha aún no tiene un reglamento.

Por entonces las autoridades habían asegurado que la norma sería el instrumento para evitar que se reediten las amenazas a las candidatas electas en diferentes cargos públicos.

La ley se aprobó luego del asesinato de la concejala del municipio de Ancoraimes Juana Quispe, quien no podía ejercer sus funciones por las amenazas de sus colegas varones.

La ex gerenta de la Asociación de Mujeres Concejalas (Acobol), María Eugenia Rojas, afirmó que, pese a la vigencia de ese instrumento legal, los casos de amedrentamiento no cesaron, porque no se cuenta con los mecanismos institucionales y operativos para su aplicación.

Sin una plataforma institucional las víctimas siguen en la indefensión, añadió. Página Siete reveló ayer que concejala Cecilia Gutiérrez, del municipio de Tinguipaya, en el departamento de Potosí, fue obligada a renunciar a su cargo.

La ministra Ayllón reconoció que la norma contra el acoso y violencia política a las mujeres no se implementó por falta de un “soporte técnico”, que será salvado con la ley integral contra la violencia, recientemente promulgada, la que también fue acelerada luego del asesinato de la periodista Hanaly Huaycho en manos de su esposo.

A la falta de reglamentación y otros mecanismos operativos se suma la falta de recursos económicos. Instituciones como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura alertaron que la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia no sería aplicable sin financiamiento.

Los partidos de oposición Unidad Nacional y Movimiento Sin Miedo en la Asamblea Legislativa Plurinacional plantearon la asignación de recursos económicos de parte de los diferentes niveles de Gobierno, pero el MAS rechazó la propuesta.

Sin embargo, Ayllón informó que será necesario aprobar otra ley para definir este tema.

“Lo que se está proyectando es emitir una nueva ley que obligue a todos los gobiernos del nivel nacional y subnacional a garantizar un determinado porcentaje de presupuesto para su implementación”, sostuvo.

Una mesa técnica sobre presupuestos sensibles realiza los cálculos sobre los costos que implica implementar la norma.