Por Abel Santiago

Otro acto espectacular de Enrique Peña Nieto se produjo el jueves pasado, cuando convocó a toda la clase política a reunirse con él en el Palacio Nacional para escucharlo decir uno más de sus discursos demagógicos y vacíos, pero con un contenido que hace más mal que bien al país. Se refirió a la prioridad de su administración por instrumentar las “reformas transformadoras” impulsadas en sus dos años de gobierno, y a que “los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer”. Con la mayor frescura, como si él no fuera el principal responsable de lo que ocurre en el país, repitió el grito popular: “¡Todos Somos Ayotzinapa!”, precisamente al cumplirse dos meses de que la nación se estremece “ante la crueldad y la barbarie”. Pareció eludir su responsabilidad al decir que “México no puede seguir así. Después de Iguala México debe cambiar”. Además, el político a la mexicana sigue creyendo que con más reformas y leyes puede ocurrir ese cambio, por eso se dio el lujo de dar a conocer un plan de diez puntos supuestamente para lograr la seguridad y la plenitud del estado de derecho y la justicia. La creación de más leyes y reformas es lo que a juicio de Peña Nieto tendrá satisfechos a los mexicanos, mientras sigue prevaleciendo la ingobernabilidad, la violencia, la inseguridad y la corrupción, aparte del desempleo, los bajos salarios y la miseria generalizada.

   Para abordar los tres primeros puntos de su plan: iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, proyecto de reforma constitucional con el fin de redefinir competencias en materia penal y eliminación de policías municipales para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas, Peña Nieto envió al Congreso de la Unión iniciativas de reformas constitucionales para intervenir o disolver un ayuntamiento ante casos de infiltración del crimen organizado, así como para establecer mandos únicos estatales en materia de seguridad. Legalmente, entonces, se podrá violar la autonomía municipal, independientemente de la imposibilidad de que la policía estatal pueda cubrir todos los municipios, como en el caso de Oaxaca, donde son 570 y la policía es muy deficiente por su número y capacidad para enfrentarse a la delincuencia. Tenemos como ejemplo la capital del estado, donde es nula la actuación de la policía y la Secretaría de Seguridad Pública es sólo un elefante blanco. En el plan también se incluye un número único para pedir auxilio en casos de emergencia, será el 911 mexicano, pero ya sabemos que estos números sólo sirven para auxilio ante hechos consumados y no para prevenir actos de la delincuencia. La clave única de identidad, que es otro punto, viene a ser una ficha más en el directorio oficial, del que siempre obra copia en poder de los delincuentes.

   Para dar cumplimiento a su punto seis, ordenó un operativo especial, con el despliegue de fuerzas federales, en la región de Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Guerrero y Michoacán, y el incremento de las fuerzas federales en municipios de Jalisco y Tamaulipas, pero no se hizo mención al avance en las investigaciones de los estudiantes desaparecidos, lo que viene a ser como tapar el pozo después del niño ahogado. La presencia de las fuerzas federales en esas entidades, contraria a la policía estatal única, es el aviso de que se continuará la militarización del país con el pretexto de la guerra al crimen organizado, o sea otra forma de la misma política que siguió Calderón Hinojosa con igual motivo pero con peores resultados. Peña Nieto, como sus antecesores, cree que con la creación de leyes y de instituciones supuestamente encargadas de aplicarlas, se resolverán los problemas legales, pero ya hemos visto que, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo han servido para aumentar el burocratismo, como se pretende en los dos siguientes puntos: Reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia, y leyes generales en materia de tortura, y desaparición forzada; fortalecer protocolos para casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; creación de sistemas de búsqueda de personas no localizadas y uno de información genética. Repetimos que somos un país en el que exageradamente abundan las leyes pero no se aplican, y para cada caso se tienen que crear más, porque estos puntos van dirigidos a las múltiples desapariciones forzadas ocurridas últimamente, en las que para nada han servido leyes e instituciones, como no servirán las que ahora se creen.

   Los últimos puntos, nueve y diez, son mentadas de soga en casa del ahorcado: combate a la corrupción y portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal. Si en algo se puede distinguir la actual administración es en su corrupción, iniciada desde la campaña de Peña Nieto, que la basó en el reparto indecoroso de dinero para comprar la Presidencia de la República. Sin embargo, anunció su respaldo a la creación de un sistema nacional anticorrupción, la designación de un fiscal que consigne penalmente a los involucrados en casos de ese tipo, y la integración de un tribunal que aplique sanciones administrativas. Entonces, ¿para qué sirven los fiscales y tribunales existentes? Están la famosa Casa Blanca y sus contratistas como ejemplos, de los que sólo se han emitido declaraciones oficiosas y correos electrónicos en los que se ha dado amplia información sobre éstos. Así, con esos botones de muestra, se ha iniciado el tercer año de gobierno de EPN, del que ningún cambio se espera, porque ya se ha enfrascado en sus reformas y leyes que a nada conducen, mientras los actos de gobierno, sobre todo de beneficio a la nación, siguen archivados en espera de un efectivo cambio de gobierno.

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