Por Abel Santiago

Los dirigentes de los partidos políticos registrados insisten mucho a la ciudadanía a que acuda a votar el próximo el próximo siete de junio, a que no nulifique su voto ni deposite la o las boletas en blanco, porque eso favorece al partido oficial o propicia el fraude electoral, que viene siendo lo mismo. Muchos ciudadanos de buena fe lo creen y están dispuestos a ejercer su derecho al voto, pensando que es una forma de fortalecer o al menos fomentar la democracia, cuando en realidad sólo se trata de hacerle el juego a la clase política para que se siga enriqueciendo. La mejor prueba es la crisis en que se encuentra actualmente el Instituto Nacional Electoral, por pleito entre los representantes partidistas, y porque hasta ahora creen descubrir que ese Instituto no es más que el órgano electoral del gobierno en turno. Lo ha sido siempre, pero en algunas ocasiones ha sido más notorio su sometimiento, como en las tres últimas elecciones presidenciales. El actual consejero presidente, Lorenzo Córdova, admitió que es complejo gobernar ese organismo por su diseño legal, aunado a su falta de credibilidad. Dijo que hay un déficit de credibilidad en el seno del Instituto que se debe ir reconstruyendo. Su división y crisis se debe, entre otros factores, a que hay una mayoría de consejeros afines al priísmo.

   A partir de la actual administración gubernamental federal, los problemas internos de ese Instituto han aumentado, porque el control presidencial ha sido más notorio, aun en tiempos no electorales. Ahora, ante la proximidad de las elecciones, la situación se ha vuelto intolerable, por eso el abandono de siete partidos políticos a una sesión de trabajo, donde una mayoría oficialista seguía imponiéndose. Posteriormente los siete representantes partidistas emplazaron al consejero presidente a instalar una mesa de negociaciones para abordar los casos en los que han detectado favoritismos al PRI-Verde y lentitud para atender las quejas. También presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que con urgencia se discutan los acuerdos de imparcialidad sobre la distribución de programas sociales y recursos públicos, y se reportó la existencia de un grupo de consejeros que actúa de manera coordinada para favorecer al PRI y al Partido Verde, sobre todo en la exhibición de propaganda en los cines. Esto no es más que la continuación del juego político, cuando es bien sabido que el Tribunal Electoral también forma parte del sistema. Así lo demostró en las tres últimas fraudulentas elecciones presidenciales.

   El pasado jueves 19, para poner un ejemplo más reciente, el citado Tribunal resolvió que el PRI y Enrique Peña Nieto no incurrieron en financiamiento paralelo con recursos ilícitos, ni usaron las tarjetas Mónex  para la compra de votos, dando la razón a los consejeros del entonces Instituto Federal Electoral, que en 2012 exculparon al tricolor  y a su candidato. Resolvieron que no se logró probar que hubo un sistema paralelo de financiamiento ilícito para la campaña a través de Mónex, ni que por medio de dichas tarjetas se diera la compra y coacción del voto. Claro que si se hubiera tratado de alguno de los partidos de oposición, el sentido de la resolución del Tribunal hubiera sido en sentido contrario, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones. El directamente afectado, aunque no promotor del juicio, Andrés Manuel López Obrador, declaró que esta “es una prueba más de que en México no hay democracia ni estado de derecho; no hay instituciones autónomas, independientes, todas están al servicio de la mafia en el poder”. Lo peor es que entre esas instituciones figuren las encargadas de los procesos electorales y de darles legalidad, o sea del sostenimiento del estado democrático.

   Algunos líderes partidistas se han reunido con el objeto de tratar de “destrabar” la crisis del INE. El del PRD dijo que “lo  que nos faltaba es que en el INE  surgiera una crisis interna por señalamientos a la actuación de consejeros que han roto el principio de legalidad y han generado molestia en siete de los diez partidos, que si no se corrigen pronto, podemos tener un órgano constitucional deslegitimado”. El perredismo chuchista, que apoya todos los actos del gobierno, se siente ahora sorprendido y quiere sorprender a los electores con que se trata de un órgano constitucional siempre legitimado, y que sólo ahora se le descubren algunas fallas. Por eso, en el mismo sentido, más adelante declaró que “un INE debilitado y con pérdida de credibilidad, pondría en crisis desde ahora las próximas elecciones federales y estatales, y estarían en riesgo los resultados de la elección y la estabilidad política y social del país”, que es precisamente lo que se vive, y por eso la duda del ciudadano  de ejercer su derecho al voto, cuando sabe que todo el sistema está viciado y que los resultados electorales serán a conveniencia de los partidos políticos. Sin embargo, al mismo tiempo y contradiciéndose, el perredista agrega: “la mayoría priísta que impera en el consejo del INE es la misma que respalda la estrategia del gobierno federal para fortalecer, mediante multimillonaria inversión ilegal en publicidad, al Partido Verde, y con ello elevar artificialmente su nivel de preferencia electoral”.

   Para aligerar un poco su desprestigio, finalmente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender los promocionales del Partido Verde Ecologista de México en televisión, donde sus senadores promueven como “logros” de ese partido  los vales de medicinas  y las reformas para prohibir los animales en los circos. No obstante, eso obedece a que la queja fue presentada por el PRI (caso raro), Encuentro Social, PT y PAN. Además de lógica, esa resolución no devuelve credibilidad al INE, que seguirá en crisis aun después de las elecciones, por eso la desconfianza y el llamado a no votar.

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