Por Abel Santiago

Con el pretexto de que la Legislatura local no ha aprobado la Ley Estatal de Educación, y de que este año entrará en vigor la Ley Federal de Educación, los profesores miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenazan volver con sus acciones violentas una vez concluido el periodo vacacional, y desde luego ampliar y prolongar el plantón que tienen en el Zócalo desde hace más de cinco meses, con el retorno de los vendedores y fritangueros ambulantes en todo el centro histórico. Vuelven a insistir en que se apruebe el proyecto de ley que elaboraron a su conveniencia, en 32 foros dicen, y con el apoyo del gobernador del estado y de la propia Legislatura. El secretario de Organización de esa Coordinadora declaró que no permitirán que de hecho se aplique la Ley Federal de Educación en el estado, y para impedirlo anunció grandes movilizaciones, que como sabemos son en perjuicio del pueblo oaxaqueño: “Los diputados en el Congreso local no han hecho lo que les corresponde. Nosotros tenemos que direccionar y discutir las próximas acciones”. Los diputados han tenido miedo de discutir y aprobar la ley educativa estatal que armonice con la federal, y así han dado margen a que el magisterio quiera imponer la suya, y que para lograrlo acuda a sus conocidas acciones de violencia y vandalismo.

   Por su parte, la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a poco más de dos mil trabajadores en el estado, consideró inminente la puesta en marcha de la reforma educativa en la entidad. Su dirigente consideró necesario que la educación en Oaxaca esté en manos de la federación para acabar con los vicios y el rezago educativo, que se tiene desde hace varias décadas. Dijo que con la intervención directa del gobierno federal, la entrega de boletas y certificados se dará en tiempo y forma a los estudiantes, y que el pago de salarios a los trabajadores de educación en el estado  se hará de acuerdo con la nómina magisterial, o sea que se eliminarían los favoritismos y aviadurías, para lo que también los miembros de esta sección están dispuestos a someterse a las evaluaciones que buscan mejorar la educación de los estudiantes, a lo que desde luego se oponen los de la 22, acostumbrados como están a los privilegios que les permiten negociar con plazas y escalafón. El secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría, informó que sus agremiados fueron censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de poner orden en el sector educativo y tener un registro confiable del total de trabajadores de la educación. En sus declaraciones a la prensa concluyó: “La reforma educativa es un hecho en Oaxaca. Estamos convencidos de que habrá un cambio positivo para el estado, donde esperamos acabar pronto con el rezago educativo de varias décadas”.

   Por el otro lado, el domingo pasado llegó el primer relevo de 2015 al plantón que mantienen desde julio pasado en el Zócalo los profesores de la 22. Llegaron de la mixteca y de la sierra cargados de casas de campaña, mochilas y lonas, pero la policía estatal y municipal, que de pantalla se encuentra resguardando el primer cuadro de la ciudad, los dejó pasar con sólo identificarse como miembros de esa sección. Sus dirigentes aseguran que con sus drásticas medidas de presión lograrán imponer su ley, pues recordaron que los foros de donde surgió fueron acordados por el gobernador del estado y la 62 legislatura local, mediante la firma de un documento que ahora tratan de desconocer. Entre las movilizaciones que se proponen para exigir la aprobación de su iniciativa, figuran nuevos y más numerosos bloqueos a calles y carreteras, establecimientos comerciales y oficinas públicas, bancos y centrales camioneras, paso libre a automovilistas en la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, mediante la “cuota voluntaria para sostener el movimiento”, con lo que como de costumbre, el único afectado es el pueblo oaxaqueño, ya que a las autoridades no les importan esos abusos.

   Como se sabe, aparte de los privilegios de que goza el magisterio, y de los negocios que hacen con plazas vacantes y escalafón, controlan la nómina y personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, incluyendo a su director, por eso se oponen a la reforma educativa, que los excluiría de esas sucias maniobras. De aprobarse su ley, tal como ellos la presentaron, supuestamente con el aval del gobernador y del Congreso local, se proponen incluir en su personal a todos los activistas que los apoyan, alrededor de 30 mil se dice, con los que ascendería a más de 100 mil el número de integrantes de esa nociva sección 22, con lo que tendríamos para no acabar nunca con esa plaga que tanto perjudica al estado. De no aprobarse, también continuarían los daños, pues los estudiantes normalistas sólo esperan el fin de sus vacaciones para reincorporarse al movimiento, que de todas maneras crecerá, porque también han incluido entre sus peticiones la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos, que ya se ha convertido en un reclamo nacional.

   Se confía todavía en que el Congreso local responda en este aspecto a los intereses del pueblo oaxaqueño, y que no apruebe la ley que sobre educación quiere imponer la sección 22, con la que crecería notablemente el rezago educativo en el que nos encontramos desde hace varias décadas. La opinión casi unánime de los oaxaqueños es que se apruebe una ley educativa que armonice con la federal, para que en poco tiempo pueda iniciarse el mejoramiento del sistema educativo estatal.

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