• El proyecto está enfocado en personas refugiadas y solicitantes de asilo en México y Costa Rica, así como en personas desplazadas internas y retornadas con necesidades de protección en Honduras.

Ciudad de México, 13 de febrero de 2020. A través de un proyecto regional, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y OIT, la Organización Internacional del Trabajo, promoverán la integración socioeconómica de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza en México, Costa Rica y Honduras. Esta iniciativa cuenta con una contribución financiera de 4 millones de euros por parte de la Unión Europea.
 
Las personas refugiadas contribuyen y aportan a las sociedades y economías que les reciben, más aún cuando existen condiciones de acceso al empleo formal. El proyecto busca fortalecer los servicios públicos de empleo, robustecer la capacitación técnica y profesional para el acceso a medios de vida, así como facilitar la inclusión financiera y el acceso a la protección social para las decenas de miles de personas que han sido forzadas a huir en la región.
 
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, 70,302 personas solicitaron asilo en México en 2019, un incremento de 137% comparado a 2018. El ACNUR, en coordinación con el Gobierno federal y autoridades locales, ha acompañado a más de 6,700 personas refugiadas integradas eficazmente en ciudades del centro-norte del país. De ellas, 50% está en edad laboral y contribuye a la economía formal con 40.6 millones de pesos al año en pago de impuestos. Este año, sus contribuciones podrían ser de alrededor de 175 millones de pesos.  
 
En tanto, 59,197 personas solicitaron la condición de refugiado en Costa Rica en 2019, la mayoría nicaragüenses con títulos profesionales o técnicos y capacidades para integrarse rápidamente en el sector laboral del país. Asimismo, se calcula que 247,090 hondureños se han desplazado por la violencia u otras violaciones de derechos humanos desde 2003. En 2019, la cifra de retornados hondureños con necesidades de protección alcanzó las 109,185 personas.
 
“En los procesos ordenados de integración de las personas refugiadas todos ganan: las personas refugiadas, los empleadores y la sociedad”, aseguró Mark Manly, representante del ACNUR en México.
 
El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos para mejorar, adoptar y/o crear las políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y desplazadas internamente tengan acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social de manera sostenible y digna. También se desarrollarán actividades con organizaciones de empleadores, sindicatos, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y formadores de opinión pública para promover la integración de las personas refugiadas y visualizar los beneficios económicos y sociales para los países.
 
“Al financiar este proyecto, la Unión Europea refrenda su determinación de ayudar a México y a la región en el fortalecimiento de sus políticas migratorias para que, en el corto y mediano plazo, los países puedan beneficiarse de los aspectos positivos de la migración”, dijo Jean-Pierre Bou, Encargado de Negocios a.i. de la Unión Europea en México.
 
ACNUR y la OIT promoverán el diálogo social y político para eliminar las barreras legales, técnicas, administrativas u otras que obstaculizan el acceso a derechos, y brindarán asistencia técnica para conocer buenas prácticas y replicar las lecciones aprendidas de programas nacionales para la atención a refugiados.
 
Gerardina González, Directora de la OIT para México y Cuba, señaló que este nuevo proyecto brindará la oportunidad para aplicar al contexto mexicano los Principios Rectores de la OIT sobre el acceso de los refugiados y otras personas desplazadas forzosamente al mercado de trabajo, adoptados en 2016 y aplicados por la OIT y sus constituyentes tripartitos en otras situaciones de desplazamiento como la siria. Esto se hará de forma coordinada con el Plan de Desarrollo Integral para México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
Con la implementación de este proyecto, la población desplazada por la violencia tendrá la capacidad para ser cada vez más autosuficiente y contribuir a la economía local en los tres países.
 
En este sentido, el proyecto contribuirá a la implementación de los compromisos acordados en el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) – la aplicación regional del Pacto Mundial sobre los Refugiados – particularmente a través de la creación de los programas o proyectos para facilitar el acceso al mercado laboral.
 
De igual forma, impulsará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente los Objetivos 1. Fin de la Pobreza, 5. Igualdad de Género, 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 10. Reducción de las Desigualdades.