Durante el debate de control político al programa de 100 mil viviendas gratis, el Senador Carlos Alberto Baena del Movimiento Político MIRA, denunció que el Gobierno Nacional posiblemente terminó comprando a los constructores casas a valores más elevados de lo que realmente costaban y que existe un Decreto que le da la facultad a Fonvivienda de recuperar las propiedades, si el beneficiario se atrasa en el pago de los impuestos, la administración o los servicios públicos.

El precio máximo (techo) para la compra de las 100 mil viviendas en el año 2.012 era de 70 salarios mínimos mensuales, es decir $ 39.669.000 (por casa); lo curioso del caso es que por lo menos el 54 % de los proyectos que compró el Gobierno a los constructores, se adquirieron a este valor. “En nuestra investigación encontramos que en algunos de los 330 proyectos del programa, se ofrecían con anterioridad predios a 26 o 30 millones de pesos, y el Ministerio de Vivienda terminó adquiriéndolas a 39 millones de pesos. Todo por el afán de cumplir con las metas trazadas y por no utilizar mecanismos de negociación del precio, como exigir avalúos de lonja o convocar a subasta inversa para negociar a precios del mercado, según las regiones. Con esos sobreprecios se habrían podido generar ahorros para construir más viviendas. ”

El Senador Baena alertó también sobre la existencia del Decreto 0847 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (abril 25 de 2.013), que  estipula que los beneficiarios del programa pueden perder la propiedad de los predios si se atrasan seis meses en el pago de los servicios públicos o en los impuestos como el predial, o si dejan de pagar durante tres meses el valor de la administración.

Si las casas son gratis, pues deben ser gratis, y no estar condicionadas. No tiene lógica que FONVIVIENDA tenga la atribución de seleccionar, asignar y también quitar las propiedades. Qué seguridad puede tener un ciudadano que se ilusiona con la adquisición de una vivienda, la acondiciona para su familia, y luego la pierde, porque se atrasó en el pago de los impuestos o los servicios públicos; particularmente porque este programa no está acompañado de un proyecto de generación de empleo o de ingresos para las familias.

Hacemos un llamado al Presidente Juan Manuel Santos para que modifique este Decreto y para que se utilicen mejor los recursos del Estado en la compra de casas o apartamentos de calidad para los Colombianos  más necesitados.