El aborto clandestino es una de las problemáticas que evidencia de la manera más perversa el machismo y la vigencia de estructuras patriarcales en nuestra sociedad, que se expresan en la expropiación de los cuerpos de las mujeres y de sus decisiones sobre él. Que el aborto esté penalizado no impide que suceda, lo que sí logra es empujar a las mujeres que lo necesitan, a la clandestinidad, exponiéndolas a múltiples peligros para su salud, su integridad física y hasta su vida.
No se puede hablar sobre el aborto sin hablar del embarazo no deseado, de la imposibilidad de muchas mujeres de decidir cuándo tener relaciones sexuales, de la ausencia de políticas públicas de orientación y educación sexual, de la violencia sexual de la que son víctimas dentro y fuera del matrimonio, de niñas, adolescentes y jóvenes y mujeres violadas, de hombres que llegan a sus hogares, borrachos o no, y obligan a sus parejas a tener relaciones sexuales aún contra su voluntad, bajo el supuesto de que sus cuerpos les pertenecen, de parejas que provocan abortos como parte de su ejercicio de poder y violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Bolivia tiene la segunda tasa de violencia sexual más alta de América Latina.
Casos dramáticos y cotidianos que ponen al descubierto las múltiples formas en que los cuerpos de las mujeres son vulnerados, tomados por la fuerza, abusados, ultrajados sin encontrar protección en espacios familiares, públicos, y menos aún el acceso a la justicia, al contrario, la respuesta más frecuente es la impunidad frente a estos delitos.
Hablar del aborto supone reconocer que existe una agenda pendiente con las mujeres y que aún se mantienen muchas prácticas machistas que impiden a las mujeres acordar con la pareja el uso de anticonceptivos seguros y modernos, del escaso o casi nulo acceso a estos métodos e información suficiente para decidir cuántos hijas e hijos tener y cuándo tenerlos. Implica además superar la hipocresía y la doble moral, para encarar de manera responsable el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en nuestra Constitución.
Se ha comprobado que la prohibición y penalización no son respuestas adecuadas para encarar la problemática del aborto, por el contrario, han agravado la situación, convirtiéndola en una práctica clandestina e insegura que cobra cada día la vida de muchas mujeres bolivianas, sobre todo de las más pobres, que no pueden pagar por la interrupción de un embarazo no deseado o forzado en condiciones seguras, quedando expuestas a prácticas insalubres y precarias. En 2010 se estimaba que alrededor de 185 abortos son practicados cada día en Bolivia, es decir 70.000 al año. El aborto inseguro en Bolivia es la tercera causa de mortalidad materna, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008.
El aborto es una problemática que debe ser encarada desde el Estado porque constituye materia de las políticas públicas, desde una visión integral que demanda acciones sistemáticas para prevenir los embarazos no deseados, garantizando los derechos sexuales y los derechos reproductivos, una educación sexual integral y acceso a métodos de anticoncepción. Pero de manera simultánea, orientar sus esfuerzos para que las mujeres tengan las posibilidades de definir sobre sus cuerpos, tomar decisiones sobre sus vidas, eliminar la violencia y los valores que sustentan la visión de las mujeres como meras reproductoras y objetos de placer.
En Bolivia, el aborto impune (no penado por ley) está previsto en los casos de violación, incesto estupro y riesgo de la vida de la mujer (Código Penal: Art. 266). La Constitución reconoce el carácter laico del Estado (CPE; Art 4: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”) y los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos y ciudadanas (CPE; Art. 66), asimismo se asume los principios y normas de acuerdos internacionales y regionales en esta materia. Un estudio realizado en 2010 en Bolivia sostiene que el 61% de las mujeres no usa métodos anticonceptivos modernos; el 48% tuvo al menos un embarazo no deseado en su vida y el 13% tuvo al menos un aborto inducido.
Un Estado Plurinacional laico y la sociedad boliviana en su conjunto están llamados a responder de manera responsable y efectiva para garantizar la resolución de este grave problema de salud pública que afecta a miles de mujeres. Recurrir a la sanción, la hipocresía, a opinar sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres, criminalizando y penalizando el aborto, sin reconocer las prácticas machistas que hacen recurrentes los embarazos no deseados, violaciones e incestos, no permiten asumir la tarea imprescindible que desde una posición ética y de respeto buscan trasformar la sociedad y las relaciones de poder que se ejercen sobre las mujeres, sobre sus cuerpos y su autonomía, una ética que permita reafirmar nuestro compromiso en favor de la vida de las mujeres y su opción de ser o no ser madres por propia voluntad y no por la imposición o por la fuerza de otras personas.
Estamos a favor de proteger la vida de las mujeres, de su calidad de vida, de su derecho a decidir y de una sociedad que no produzca más mujeres en situación de aborto. Estamos a favor de la información, del acceso a servicios de aborto seguros, planteamos la necesidad de separar las políticas públicas de la injerencia de las iglesias (de estructuras y valores machistas, patriarcales y coloniales) y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a la decisión informada. La despenalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir su embarazo.
Ratificamos nuestro compromiso por la construcción de una sociedad y un Estado despatriarcalizado que evite el embarazo forzado o no deseado, que garantice una maternidad protegida y libremente elegida.
