Se habla mucho de que a los mexicanos nos hace falta la “cultura” de la denuncia, y que por eso aumenta la delincuencia, o que por eso los delincuentes actúan con plena libertad, pero quienes han acudido ante el ministerio público para denunciar un delito del que han sido víctimas terminan decepcionados. Pierden tiempo y dinero sin que logren se les haga justicia. Se les pide dinero para gastos de investigación, pero nada se investiga. Eso en delitos menores, en los que ameritan una simple denuncia ante un agente del ministerio público, pero en delitos o asuntos mayores, en los que hay que entablar un juicio ante un juzgado  o un tribunal, la situación empeora para el quejoso, porque los gastos son mayores, mayor la pérdida de tiempo y mayor la decepción al no lograr ni siquiera un juicio bien llevado, sin que igualmente nada se solucione. La situación se agrava cuando intervienen factores políticos, sociales y económicos y a las autoridades a las que se acude son más altas, porque los resultados son semejantes. Siempre gana el estado. Todo esto, desde lo más bajo hasta lo más alto se llama corrupción, que es lo que sigue predominando en el país, donde impera la mordida, desde en una infracción de tránsito hasta una violación constitucional.

   Lo más común han sido las violaciones a los derechos humanos, de individuos, sectores de la sociedad y pueblos, en los que los atropellos los comenten  las propias autoridades, a las que siempre se da la razón, por más que se demuestre lo contrario. Atenco es un ejemplo y Oaxaca es otro. En ambos casos quedó demostrada la violación a las garantías individuales sin que se haya intentado la menor solución. En Atenco el estado asumió la responsabilidad por no proceder contra las autoridades responsables, y en Oaxaca por más que el gobernador y su contralora llegaron hasta inventar supuestas órdenes de aprehensión contra los responsables, se confabularon con ellos para que no se les tocara. No es un secreto que Gabino Cue Monteagudo es un cómplice de Ulises Ruiz Ortiz y que ya hasta trabajan en su beneficio para la próxima sucesión gubernamental.

   Según reportajes últimos, el Ejército es el que ha acumulado mayores quejas en las comisiones defensoras de los derechos humanos, pero lejos de iniciarse la mínima investigación  se le sigue considerando el sector privilegiado de la burocracia, cuyos sueldos han rebasado los términos medios de todos los servidores públicos. Es explicable porque fue el Ejército el que protegió al usurpador en su ilegitimidad, y es el que protege al actual mandatario, mientras el Instituto Federal Electoral cubre los despilfarros y compras de de votos del priísmo durante la pasada campaña electoral. Al respecto, el propio IFE es el que ha cometido las mayores injusticias en las dos últimas elecciones y en la que le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Los fraudes fueron demostrados, pero los protegió el poder del estado y quedaron legalizados por la acción del tiempo, no porque se haya demostrado la validez de esas elecciones.

   El poder político y el económico han prevalecido en las decisiones tomadas por las autoridades jurisdiccionales, cuando se trata de proteger los intereses del estado, así vayan contra la legalidad de los sucesos. Los ejemplos los tenemos a diario con las grandes empresas trasnacionales y los consorcios mexicanos, en que un trabajador o una empresa menor pierden ante la fuerza económica y política. Lo que ha prevalecido en muchos casos es el tecnicismo. Las autoridades encargadas de impartir justicia ya no suplen las deficiencias de las quejas ni los errores del procedimiento. Basan sus resoluciones en la aplicación rigurosa de la ley, sin que les importen las injusticias que se deriven de este hecho. En casos penales no muy lejanos, en los que se ha demostrado la pederastia, el tráfico de personas, las violaciones y hasta el narcotráfico, ha predominado el tecnicismo legal para cometerse injusticias.

   La corrupción no ha consistido sólo en los negocios económicos sino en el manejo del poder, en los favoritismos, en los partidarismos, en los apoyos por influencias y en el nepotismo. Es semejante a la prostitución, que no sólo puede ser de cuerpo sino también de mente, de alma, de espíritu. Y se da también, y en gran escala, en las relaciones internacionales. El sometimiento a otros países mediante la fuerza armada o económica es un ejemplo. La confraternidad por medio de componendas y chantajes es otra. El sometimiento de un poder a otro también es corrupción. Para disfrazarla se habla de equilibrio de poderes, de convivencia pacífica, de armonía entre los poderes de un estado, cuando la sumisión generalmente al ejecutivo es la que predomina. En la corrupción estamos involucrados todos, se ha comentado, porque inclusive para evitarse los trámites engorrosos e inútiles de acudir ante una autoridad se acepta el chantaje, la mordida, el cohecho o los simples obsequios de cortesía.

   Los que nunca han tenido que ver con juzgados y tribunales en México no creen en la justicia, porque no es necesario ser víctima o haber sido decepcionado personalmente por un acto de injusticia para constatarlo. Se sabe a diario por referencias de quienes sí han sido víctimas de un delito y de un juzgador, y por lo que se lee todos los días en la prensa, se escucha en la radio o se ve en la televisión. Injusticia, violación de leyes, tecnicismo jurídico y corrupción vienen siendo la misma cosa. Ejemplos sobran y son tarea del lector.

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