“Prohibir de forma tan abrupta las peleas de gallos y las carreras de caballos, sin antes tener
un plan de apoyo o alternativas de empleo para los trabajadores de este sector, resulta ser
una medida irresponsable”

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de la Américas
(CIDHPDA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Dr. Víctor
Hugo Gutiérrez Yáñez, se solidariza por las lamentables declaraciones y la iniciativa de
decreto del Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para suspender los combates
de gallos y las carreras ecuestres en la entidad, pues esta propuesta que supuestamente busca
pacificar mediante la prohibición de una tradición mexicana que le ha dado identidad y
trabajo al estado por más de 50 años.

El gobernador presentó diversas iniciativas para mejorar la seguridad en el estado, como la
suspensión de las peleas de gallos y carreras de caballos, y una reforma a la Ley de Movilidad
y Seguridad Vial para que los motociclistas lleven el número de matrícula visible en sus cascos,
con el fin de combatir actividades ilícitas. Además, desde el 20 de diciembre de 2024, se regula
el horario de bares y cantinas, exigiendo su cierre a las 2 de la madrugada para mejorar la
seguridad.

Gutiérrez Yáñez consideró que este tipo de prohibiciones rayan en el autoritarismo, pues solo
generaran represión y dañan la dignidad humana con el hecho de señalar delincuentes a
personas que mediante criaderos certificados han puesto su vida y patrimonio en su trabajo,
entre ellos empresarios, médicos veterinarios, licenciados en ciencias ecuestres y personas
con años de experiencia en el sector. Prohibir de forma tan abrupta las peleas de gallos y las
carreras de caballos, incluso si es de manera temporal, sin antes tener un plan de apoyo o
alternativas de empleo para los trabajadores de este sector, resulta ser una medida
irresponsable.

Por otro lado, no se tiene certeza de que sucederá con la manutención y cuidado de los
animales mientras no se generen ingresos por la suspensión de las actividades. Además, las
autoridades no muestran las pruebas suficientes de que la prohibición de estos espectáculos
sea una solución eficiente para la pacificación del territorio chiapaneco. El Comisionado
Presidente aseveró que el diálogo a través de la mediación, mesas de trabajo y la regulación
del sector por parte de un gobierno estatal abierto a escuchar a todas las partes involucradas,
podrá llevar a legislaciones correctas y no buscar culpables del alto incremento de la
seguridad que vive el país.

Señaló también que la iniciativa del gobierno de Chiapas violenta el libre desarrollo de las
personas, así como el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
del Título Primero de las Garantías y Derechos Humanos donde se describe que toda persona
puede dedicarse a la profesión u oficio de que mejor le convenga de manera lícita: “A ninguna
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícito.”

“Se debe considerar que el tema de seguridad, no solo se basa en castigar al sector comercial
en ferias regionales, las cuales miles de personas esperan año con año para poder participar
en actividades comerciales para la manutención de su familia. Es aún más importante contar
con aliados para detener el crecimiento de la delincuencia, y tomar medidas serias para un
verdadero Estado de Derecho, trabajar en la profesionalización de ministerios públicos,
policías estatales, policías municipales, crear áreas de inteligencia que ayuden a detener el
acceso de armas de alto calibre que vienen de Estados Unidos, castigar severamente la
corrupción de las instituciones públicas (que muchas veces solapan actividades ilícitas) y no
afectar mediante medidas coercitivas el trabajo honesto de la comunidad”, concluyó
Gutiérrez Yáñez.

La CIDHPDA exhorta al Gobernador a tener un Gobierno abierto que ayude a mejorar la vida
de las y los chiapanecos de todos los sectores y realizar acciones que verdaderamente ayuden
al fortalecimiento de los Derechos Humanos en su Estado