Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues en los Ayuntamientos, el análisis y el intercambio de ideas no existen desafortunadamente, y se tiende a aprobar por consigna (el Presidente municipal normalmente instruye a que los regidores de su fracción voten a ciegas por su propuesta)
Por: Fabiola Hernández.- (El Corresponsal de Sonora).- A pesar de que el Artículo 115 Constitucional en su Fracción IV provee a los Ayuntamientos la facultad de definir los mecanismos de cómo extraer recursos de la sociedad y del cómo distribuirlos, aun así, los presupuestos de ingresos y egresos no cumplen con su principal propósito: promover el crecimiento económico de la ciudadanía a través de políticas públicas que permitan alcanzar las metas y objetivos señalados en el Plan Municipal de Desarrollo. Al definir el presupuesto a ejercer (sean ingresos o egresos) por la administración municipal, éste debe de contener la totalidad de las acciones del ayuntamiento en sus diferentes áreas y los montos precisos asignados para financiarlas.
Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues en los Ayuntamientos, el análisis y el intercambio de ideas no existen desafortunadamente, y se tiende a aprobar por consigna (el Presidente municipal normalmente instruye a que los regidores de su fracción voten a ciegas por su propuesta), presupuestos que en lugar de apoyar al crecimiento de la sociedad en su conjunto terminan por afectarlos, pues sin la realización de una evaluación de la aplicación de recursos y de los rubros donde se generaron los ingresos de la administración municipal, pero sobre todo de un desconocimiento de lo que van a votar, el resultado no puede ser otro: dañar la ya de por sí golpeada economía familiar.
Bajo esta perspectiva los ciudadanos de los municipios del estado de sonora y del país, tienen que velar con observadores ciudadanos y presentarse ante las sesiones de Cabildo para vigilar cabal y oportunamente que los presupuestos de ingresos para los municipios sean acordes a los que el pueblo demanda y no sean utilizados para caprichos de una persona o de un grupo de poder en turno; ya que realizan casi siempre presupuestos inflacionarios y que afectan a la población cuyo crecimiento ha sido sólo demográfico, pues en lo económico se mantiene en un atraso tremendo ante la falta de visión de la actuales administraciones municipales, en la generación de empleos (no hablo de empleo temporal y circunstancial) y de promover la inversión en el área de la industria, del turismo, y porque no, hasta del autoempleo.
Pero entremos en detalles, ¿por qué indicamos que las propuestas de los presupuestos de ingresos es inflacionaria?: En primer lugar, el incremento en el pago de los impuestos prediales suben por más del 20 % en valores catastrales de hasta $ 80,000.00, y de, atención, sólo del 6 % en valores catastrales mayores al monto indicado, beneficiando así con el pago de impuesto a aquellas personas que tengan como propiedad, casas con valores catastrales de hasta los dos millones de pesos.
En segundo lugar, so pretexto de la futura municipalización , proponen un incremento de mas del 20 % en el pago de la cuota mínima por el consumo de agua potable, y de manera perversa proponen un incremento de 91 centavos por poner de ejemplo una cifra, a la tarifa media que paga la mayor parte de la población que es la del consumo de 30 metros cúbicos, pero esto no para aquí, se pretenderá cobrar un 1 % mensual al servicio doméstico, es decir, una imitación del gasolinazo en los tiempos del calderonismo.
También se proponen aumentos desmedidos en rubros como el rastro, en el pago de anuencias pero sólo a expendios y abarrotes, no así para las agencias cerveceras ni para aquellos giros que dependen directamente de la distribución de las mismas empresas. Se mantiene el cobro inconstitucional del derecho de alumbrado público (DAP), así como del también inconstitucional y excesivo cobro de las multas de tránsito.
En lo personal, invito a toda la ciudadanía de Hermosillo y de todo el estado de Sonora, para que asistan a la reuniones de los cabildos de sus municipios y bajo observación del escudriño publico sepan de qué forma se comporta el Ayuntamiento en su conjunto al tomar decisiones, las que, la mayor de las veces en lugar de beneficiar, afectan a los contribuyentes y perjudican la economía familiar de los que menos tienen.