Ciudad de México, 18 de enero de 2020 – A tres años de su entrada en vigor, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) observa avances y retos importantes en la implementación de la Ley general sobre desaparición de personas.

Entre los avances, la ONU-DH destaca la publicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento fundamental para la estandarización de los procesos de búsqueda y la coordinación interinstitucional. “Alcanzar esta coordinación es uno de los retos más importantes que aún prevalecen para la plena implementación de la ley”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

“La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal de esta grave violación a los derechos humanos son actividades íntimamente relacionadas que requieren un nivel de cooperación y coordinación profundos entre organismos y agencias del Estado en los tres órdenes de gobierno. La Ley General establece las bases para que ello suceda. La Oficina que represento seguirá trabajando con todas las partes concernidas para que los esfuerzos interinstitucionales se cristalicen en beneficio de las víctimas y sus familiares”, agregó Fernández-Maldonado.

Asimismo, la ONU-DH reconoce los esfuerzos realizados para garantizar la protección de los derechos de las personas desaparecidas en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19, como el acuerdo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal que establece medidas para garantizar que los cuerpos de las personas que fallezcan por la enfermedad COVID-19 sean plenamente identificados y los “Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19”, que buscan garantizar los derechos de las personas fallecidas y de sus familias e impedir que se produzcan nuevas desapariciones.

La ONU-DH también destaca la publicación de los “Lineamientos para el desarrollo de acciones de búsqueda en campo en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”, que buscan crear las condiciones para continuar de manera efectiva con las acciones de búsqueda de personas desaparecidas al garantizar la salud de quienes participan en ellas. En este último año también se han dado pasos para la constitución del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; la Oficina espera que se concreten con su puesta en marcha a la mayor brevedad posible.

En el nivel estatal, la Oficina saluda los avances en la armonización legislativa logrados por varios estados en los últimos meses y alienta al Congreso de Jalisco a aprobar a la mayor brevedad posible la ley de declaración de ausencia, elaborada en el marco de un proceso participativo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, instituciones académicas y organizaciones. En su actual redacción incluye aspectos que superan los estándares de protección establecidos en la Ley General.

Entre otros retos, se encuentran la aprobación de legislación armonizada en las entidades que aún no lo han hecho y el fortalecimiento institucional de los organismos de búsqueda e investigación, tanto en el nivel estatal como en el federal, para que cuenten con todos los recursos necesarios para operar de manera eficaz ante las más de 82 mil personas registradas como desaparecidas.

La ONU-DH insta a redoblar esfuerzos para afrontar los retos pendientes hacia la efectiva implementación de la Ley General y prevenir cualquier retroceso en la normativa garantista alcanzada en México. Con este objetivo la ONU-DH alertó al Senado de la República, el pasado 8 de diciembre, sobre el riesgo de reversión que entrañaría aprobar la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”. Es esencial evaluar con detenimiento este tipo de iniciativas, en plazos adecuados y mediante un proceso que incluya una amplia participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones acompañantes y expertos académicos.

La ONU-DH México refrenda su compromiso de seguir brindando asistencia técnica al Estado para la implementación de la Ley y acompañamiento y apoyo a víctimas y familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, para que esta Ley se traduzca en un efectivo ejercicio de sus derechos humanos beneficiando así a toda la sociedad en su conjunto.