La ganadora del Premio Nansen para los Refugiados de este año – un galardón humanitario otorgado anualmente por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados – es una educadora que ha dedicado más de 20 años a rescatar a niños y niñas explotados sexualmente y víctimas de trata, muchos de ellos refugiados.

Mayerlín Vergara Pérez, Maye, ha consagrado su vida a la defensa de la niñez. Como Coordinadora Regional para La Guajira de la Fundación Renacer, ha dedicado más de dos décadas de su vida a ayudar esta organización sin ánimo de lucro de Colombia a alcanzar su objetivo de erradicar la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Fundada hace 32 años, la organización ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de explotación sexual comercial y sobrevivientes de otros tipos de violencia sexual y de género.

“Personas como Maye representan lo mejor de nosotros. Su valentía y entrega desinteresadas para rescatar y proteger a algunos de los niños y niñas más vulnerables del mundo son nada menos que heroicas”, dijo Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“Ella encarna la esencia de este premio. Su dedicación inquebrantable ha salvado la vida de cientos de niños y niñas refugiados y les ha devuelto la esperanza de un futuro mejor”, añadió.

El Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR rinde homenaje a quienes han prestado servicios excepcionales a las personas desplazadas por la fuerza. A lo largo de los años, más de 82 personas, grupos u organizaciones han recibido el premio por su inquebrantable dedicación sirviendo a los refugiados y su destacada labor en favor de las personas desplazadas por la fuerza o apátridas.

Durante más de 20 años, Maye ha realizado un trabajo extraordinario, a menudo arriesgando su propia seguridad, para rescatar a niñas y niños que son víctimas de la explotación sexual y la trata, recorriendo a pie las calles de pueblos y comunidades en el noreste de Colombia donde operan los traficantes y tratantes de personas.

Maye dirige un dedicado equipo en la Fundación Renacer, que trabaja en estrecha coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad gubernamental encargada de proteger a la niñez en Colombia.

Al denunciar los abusos de los que ha sido testigo, ha hecho llamados a la sociedad civil, a las autoridades colombianas y al sector del turismo – que es un terreno fértil para la explotación sexual y la trata de personas en el país – para que garanticen la protección de los niños, niñas y adolescentes.

“La explotación sexual tiene un enorme impacto en la niñez, emocional, psicológico, físico y social”, explicó Maye. “Vemos niñas que sienten que sus cuerpos no les pertenecen. Sus cuerpos han sido tan maltratados, tan abusados, tan explotados que se sienten alienadas de esos cuerpos, como si no les pertenecieran”.

En 2009, el incesante activismo y cabildeo de Maye contribuyeron a la adopción de dos medidas legislativas históricas. La Ley 1329 estableció una pena mínima obligatoria de al menos 14 años de cárcel para las personas condenadas por facilitar e instigar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Mientras que la Ley 1336 puso la mira en los propietarios de establecimientos que permiten la explotación sexual de niños y niñas en sus instalaciones.

Se estima que cada año en todo el mundo millones de personas siguen siendo víctimas de trata y la mayoría de las víctimas registradas son mujeres y niñas.

Las personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y desplazadas internas corren un riesgo mayor, ya que el desplazamiento exacerba su vulnerabilidad. Donde hay conflictos, las prácticas de trata preexistentes se ven agravadas, como en el caso de los matrimonios forzosos de niñas con miembros de grupos armados, y se crea una nueva demanda, como el reclutamiento forzoso, lo que aumenta la oferta de posibles víctimas.

Desde 2015, el deterioro de la situación en Venezuela ha obligado a millones de personas a huir del país. Se calcula que 1,7 millones de personas han buscado protección en la vecina Colombia. Desesperados por encontrar seguridad y una vida mejor, los venezolanos han recurrido a todos los medios posibles para huir del país, y muchos han sido presa de redes de trata de personas, bandas delictivas y grupos armados ilegales que suelen actuar a lo largo de las fronteras. A menudo, los traficantes obligan a las mujeres y las niñas a someterse a explotación sexual para pagar su pasaje.

Según datos proporcionados por las autoridades colombianas, entre 2015 y 2019, el número de víctimas de trata de personas en el país aumentó en un 23%. Ese aumento se debe en parte a la afluencia de refugiados y migrantes venezolanos al país.

Los datos del Gobierno colombiano muestran que tan solo en los primeros cuatro meses de 2020 las autoridades detectaron un aumento del 20% en los casos de trata de personas que afectan a ciudadanos extranjeros, con respecto al año anterior. En más de la mitad de los casos, la explotación sexual es el objetivo final de la trata.

La pandemia de COVID-19 ha tenido graves consecuencias para las personas obligadas a desplazarse. Las repercusiones económicas de la pandemia han dejado a muchos venezolanos desempleados y sin hogar, sumiéndolos aún más en la pobreza, que es una de las causas principales de la explotación sexual y la trata de personas. Esto, unido a la interrupción de la educación, ha dejado a la niñez expuesta a la explotación y los abusos. Muchos niños y niñas se enfrentan al trabajo infantil o al matrimonio infantil para ayudar a mantener a sus familias.

Las estrictas restricciones fronterizas para frenar la propagación del virus también han obligado a muchas personas desesperadas a recurrir a medios irregulares para cruzar las fronteras en busca de seguridad.

ACNUR está trabajando en estrecha colaboración con instituciones gubernamentales locales y nacionales para fortalecer la asistencia prestada a los refugiados y migrantes venezolanos y promover su integración local. ACNUR está prestando asistencia vital en las zonas fronterizas a las personas recién llegadas, apoyando su acceso a bienes y servicios básicos, promoviendo la coexistencia pacífica con las comunidades de acogida, así como el acceso a derechos fundamentales, como la documentación, la educación y el empleo.

“La erradicación de la trata de personas y la protección de la niñez contra la explotación sexual no solo son obligaciones legales, sino también morales, y requieren un esfuerzo mundial conjunto”, afirmó Grandi. “Este año se cumple el 20º aniversario del Protocolo de Palermo, el primer acuerdo internacional sobre la trata de personas y el primer paso concreto de la comunidad internacional para combatirla. Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso para erradicar este atroz crimen”.