Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
30 de agosto
 
 
GINEBRA (29 de agosto de 2020) – Los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, incluso durante la pandemia por COVID-19, dijeron un grupo de expertos y expertas* de la ONU hoy.
 
Este año marca el 40 aniversario de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el décimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
 
Para marcar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitió la siguiente declaración:
 
“Los Estados alrededor del mundo deben todavía actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora.
 
Estamos particularmente alarmados acerca de las alegaciones de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta situación es tanto más preocupante pues la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas ha sido frecuentemente puesta en pausa dadas las restricciones introducidas como resultado de la pandemia. Las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo, al no conocer el destino de sus seres queridos. La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias.
 
La COVID-19 también creó nuevos y preocupantes contextos para las desapariciones forzadas. Hemos visto ejemplos de cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad, durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares. Subrayamos la necesidad de que los Estados aseguren que las familias sean pronta y sistemáticamente informadas de cualquier cuarentena.
 
También nos preocupa que la suspensión de visitas ha llevado, en algunos casos, a la ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales, lo cual lleva a detenciones en incomunicación y puede conducir a una desaparición forzada. El contacto continuo debe ser asegurado, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud.
 
También estamos preocupados de que la pandemia por COVID-19 es una amenaza añadida a la salud de las víctimas de desaparición forzada que son mantenidas ocultas en lugares de detención oficiales o no oficiales. Recordamos a los Estados que deben registrar consistentemente a todas las personas detenidas y proveer información actualizada de su destino y paradero.
 
La COVID-19 ha creado riesgos adicionales para las personas migrantes también. Emitimos una declaración conjunta sobre migración el año pasado, y ahora hacemos un llamado para lograr esfuerzos concertados para asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada.
 
En el contexto de la COVID-19, también son necesarias medidas específicas para prevenir las desapariciones forzadas y respetar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que los familiares de las personas que han muerto por COVID-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura.
 
Reafirmamos fuertemente nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y aquellos que les ayudan en su lucha cotidiana por verdad y justicia. En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora. Todo esto debe ser rápida y proactivamente atendido por los Estados, incluyendo a través de la implementación de programas específicos para mitigar los impactos multifacéticos de la pandemia. En este contexto, renovamos nuestro llamado a todos los Estados que no lo han hecho aún, a demostrar oficialmente su compromiso en contra de la desaparición forzada ratificando expeditamente la Convención y aceptando la competencia del Comité para recibir quejas individuales e interestatales.”