“La iniciativa legislativa de Pin Parental no puede justificarse a través de la defensa de las ´costumbres de la gente´. Debido a que es inconstitucional porque violenta el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Pues los adultos y adultas no pueden en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, violentar el principio del interés superior de la infancia, ni condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como lo es, su derecho a la educación laica y científica que lucha contra la ignorancia y sus efectos; las servidumbres; los fanatismos y los prejuicios. En ese sentido, negarle a las infancias, el derecho a recibir educación sexual, sería despojarlas de las herramientas que les pueden proteger del abuso sexual, el embarazo a temprana edad, el acoso escolar, la discriminación, la homofobia, entre otras situaciones que violentan los derechos constitucionales, fundamentados en los derechos humanos”. Así respondieron las organizaciones defensoras de derechos humanos que agrupan el “Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico”, a las declaraciones de la diputada Connie Herrera, presidenta de la mesa directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, luego de sus declaraciones, en las que manifestó que la iniciativa del “Pin Parental” se analizará y que la creación de las leyes obedece a las costumbres de la gente”.
Al mismo tiempo, el mencionado frente antidiscriminatorio afirmó que en la mayoría de los casos, los usos y costumbres violentan los derechos humanos, debido a que continúan reproduciendo ciclos de violencia machista normalizada y transmitida de generación en generación, que de ninguna manera pueden estar por encima de los derechos humanos y constitucionales.
Finalmente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y no discriminación en Querétaro reconocieron el trabajo de las instituciones (como la Secretaria de Gobernación; la Secretaría Educación; la Secretaria de Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; el Consejo Nacional de Población; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres), que instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus progenitores para proteger sus derechos y su desarrollo integral. Porque la iniciativa legislativa del “Pin Parental”, es una medida violatoria de derechos humanos y constitucionales que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable.
