Bogotá, Colombia.- El Presidente de MIRA, Carlos Alberto Baena López, los Representantes a la Cámara Carlos Eduardo Guevara, Guillermina Bravo y Ana Paola Agudelo, y la Concejala de Bogotá, Gloria Stella Díaz, anunciaron varias iniciativas legislativas en defensa de la niñez colombiana. La primera de este paquete de iniciativas que se radicó hoy en el Congreso de la República, es la que busca inhabilitar de manera “perpetua” a personas que hayan sido condenadas por abuso sexual, para ejercer cargos a nivel educativo, de cuidadores, formación pública o privada y transporte escolar, que involucren una relación directa con menores de edad.

De acuerdo con el presidente de MIRA, el abuso sexual a menores por parte de profesores aumentó en un 270% entre 2015 y 2016, siendo las niñas las más afectadas con un 283,8 %, que pasaron de 68 casos en 2015 a 193 en 2016. En relación a los niños aumentó en un 235%, es decir, de 28 casos en 2015 se pasó a 66 en 2016. Si sumamos los casos de los cuidadores y profesores en 2016, más de 323 menores fueron abusados. Tanto en 2015 como en 2016 las niñas siguen siendo las más vulnerables con más del 70%, lo cual enciende las alarmas aún más para tomar medidas que frenen este delito.

MIRA aseguró que la medida también será aplicada para proxenetismo, explotación sexual, mendicidad, incesto, tráfico de menores y violencia intrafamiliar, que les impedirá ejercer cargos a nivel educativo o de cuidado de menores en instituciones públicas o privadas del país.

El proyecto está basado en la Sentencia T- 512 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, que exhorta al Congreso de la República a legislar con relación al vacío normativo del Estatuto del Docente, en lo concerniente al Régimen de Inhabilidades, aseguró MIRA.

La iniciativa también plantea que las personas que se encuentren en proceso de investigación penal o disciplinaria por las conductas anteriormente señaladas, serán reubicadas o separadas del cargo inmediatamente, según la gravedad de la denuncia, hasta tanto se surta el juicio, como medida preventiva a favor de los niños, niñas y adolescentes.

Las instituciones y planteles educativos, deberán consultar cada cuatro meses el Registro Nacional de Personas condenadas, para garantizar que sus empleados o contratistas no estén inscritos en él, indicó el Movimiento MIRA.