Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx   

Una vez más, recordamos que durante su campaña política y su toma de posesión como Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, el licenciado  Gabino Cue Monteagudo insistió mucho en que combatiría la corrupción y la impunidad, empezando por el gobierno que le antecedió, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, a quien el pueblo y la gran mayoría de medios señalaba como el máximo saqueador del erario público, a pesar de que había otros gobernadores y ex gobernadores que junto con su equipo de gobierno eran señalados por su enriquecimiento inexplicable, o más bien ilegítimo, pero que en ese tiempo el ex gobernador oaxaqueño era el campeón. A pesar del escándalo, nada se hizo y por lo mismo no perdió su fuerza dentro del PRI, que fue aumentado hasta llegar a figurar como representante de su partido en algunas entidades del país. Ahora que prácticamente ha sido exculpado y ratificada su impunidad, se ha convertido en un combatiente de la corrupción con derechos a señalar errores y hasta pretender influir nacionalmente en las decisiones partidistas. Por ejemplo, censuró la designación de Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional, porque según él no tenía los méritos suficientes para ejercer ese cargo, y con motivo de su reciente visita a Oaxaca le solicitó proceder contra los funcionarios y ex funcionarios que han saqueado y cometido daños contra Oaxaca. Es el cinismo más ejemplar de la política mexicana, porque sus riquezas mal habidas las ostenta como ganadas con esfuerzos y trabajos, como ocurre con todos los ex gobernadores y presidentes de la República, estilo Vicente Fox Quesada, que defiende su millonaria pensión y oculta los bienes acumulados a través de su voraz pareja Marta Sahagún.

En cuanto al gobernador Gabino, desde que perdió el control político del estado y la gobernabilidad, sobre todo, al perder las elecciones pasadas, se ha dado amplia difusión a la enorme deuda que hereda a su sucesor, mucho mayor de la que le dejó URO, pero hasta el momento no ha podido explicar en qué se invirtieron tantos miles de millones de pesos, de los que es cómplice el Congreso local por haberle autorizado préstamos injustificados a cambio de las buenas tajadas recibidas, aunque muchos suponen que las dedicó a satisfacer las exigencias de los líderes de los grupos de luchadores sociales, en especial de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque todavía no se ha podido señalarlo como saqueador del erario público. De todas maneras ha procurado cubrirse las espaldas con sus desmedidas atenciones al futuro gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y con mucho cuidado al dirigente nacional priista Ochoa Reza, quien acaba de afirmar durante su visita a esta entidad que en su partido no hay lugar para los corruptos, queriendo decir tal vez que ya no caben más, mientras el próximo gobernador repitió la acostumbrada cantaleta de comprometerse a castigar con todo el peso de la ley a los corruptos y a todos los que le fallen al pueblo. Estaremos pendientes de sus investigaciones  sobre la inversión multimillonaria de la deuda pública y privada que recibirá, y de su proceder contra los miembros del actual gabinete gubernamental que son señalados como corruptos, así como de las grandes cantidades que se invirtieron en el pago de facturas a todos los dirigentes de los partidos y grupos que se dice llevaron a Gabino a la Gubernatura.

Es oportuno mencionar que durante este sexenio presidencial se ha procedido contra algunos ex gobernadores, principalmente miembros de partidos políticos de oposición, y que en estos días  el gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, fue acusado oficialmente por su exagerado bandidaje y asesinatos, y que la Procuraduría General de la República ya giró orden de aprehensión en su contra, que esperamos sea cumplida y no farsa como la ocurrida contra el ex gobernador y dirigente nacional del PRI capturado en España, que de inmediato fue liberado a petición del partido oficial y por gestiones del gobierno mexicano. Lo mismo debe ocurrir con el próximo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señalado de corrupto desde sus años de director general del ISSSTE, en que saqueó esa institución en complicidad con la “maestra” Elba Ester Gordillo Morales, presa ahora no por corrupta sino por desacato a los ordenamientos políticos vigentes. Yunes está acusado de muchos delitos comprobados, pero pasará a la impunidad por el fuero constitucional que le otorga el cargo que está a punto de ejercer y que al dejarlo ya habrán prescrito. A los ex gobernadores detenidos o enjuiciados debe aplicarse todo el peso de la ley como escarmiento para todos los funcionarios públicos, y al menos practicar una auditoría a los que salen, como el caso a que me he referido, no por acusación sino para justificarse el adeudo en que se encuentra esta entidad, clasificada como una de las más pobres y marginadas de la República.

La complicidad existente entre todas las fuerzas políticas nacionales no va a romperse, simplemente se persigue la torpeza en que incurren algunos, como los que actualmente se encuentran en proceso de ser enjuiciados. Sabemos que llamar a la aplicación de la ley es sólo optimismo, porque el juego tiene que continuar, sobre todo ahora que se aproxima la sucesión presidencial, en que hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha decidido quitarse la careta de movimiento rebelde, para ajustarse la de oportunista que ha sido siempre, anunciando su participación con una candidata indígena, apoyada por los grupos originarios del país, lo que aparte de demagógico es discriminatorio. Pero es así como se maneja la política nacional, mientras el pueblo sigue indiferente soportando la carestía, el desempleo y los salarios mínimos de hambre.