Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx            

La nueva jugada de Enrique Peña Nieto parece que le ha salido bien, aunque otra vez haga el ridículo político, económico y administrativo, al realizar un cese y cambios en su gabinete, con el deliberado propósito de dar otro golpe al pueblo al reducir el gasto en los vitales servicios de seguridad social, educativos, agrarios y de salud, con el recorte de 239 mil 700 millones de pesos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Primero cesa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, que según los círculos políticos priistas era uno de los favoritos presunto candidato a la Presidencia de la República, y al día siguiente el nuevo secretario de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, presenta a la Cámara de Diputados el citado proyecto elaborado por su antecesor, para ser aprobado como todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, explicando las razones del recorte presupuestal y la esencia social del documento: “Estoy absolutamente convencido de que el ajuste propuesto es no solamente necesario para preservar la estabilidad, sino que se ajustó atendiendo las prioridades y las preocupaciones de la sociedad”.

Según el nuevo responsable de las finanzas nacionales, es prioritario y preocupación de la sociedad el aumento exagerado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, acordar favorablemente su petición de más dinero para concluir la construcción de su lujoso nuevo edificio sede e incrementar los salarios de los consejeros y demás funcionarios electorales, para que continúen su labor de fomentar el fraude y los dedazos electorales, así como su reparto de grandes cantidades a todos los partidos políticos, cuyos dirigentes se han enriquecido sin trabajar a cambio de mantener sumisa a la población deteniendo todo tipo de protestas contra los abusos del nuevo presidencialismo; también considera prioritario el aumento a los millonarios sueldos de diputados, senadores, magistrados electorales y de todos los funcionarios de primer y segundo nivel, mientras se reduce el gasto para hospitales, educación en todos los niveles y demás servicios de beneficencia social. Meade comentó también que la propuesta es diferente a la de años anteriores, por lo que implicará un proceso de análisis y revisión distinto, para lo cual se “requiere que el Congreso de la Unión modifique por necesidad la forma de discutir y aprobar el paquete”, lo que no era necesario advertir, puesto que los señores diputados y senadores conocen muy bien la forma de disfrazar sus discusiones para finalmente llegar por lo menos a una aprobación mayoritaria, ya que la unanimidad pondría de relieve su sumisión.

En efecto, como era de esperarse, en la Cámara de Diputados los representantes de los llamados partidos de oposición manifestaron su rechazo por el voluminoso recorte al gasto, mientras los priistas ponderaron el carácter responsable de la propuesta, “porque mantendrá la certidumbre tributaria”, y por primera vez desde 2008 se alcanzará el superávit primario. Refirieron que el paquete económico evita el crecimiento de la deuda pública, reducirá el gasto del sector público sin afectar los programas sociales, no habrá nuevos impuestos ni se incrementarán los existentes, y preserva la estabilidad frente a la compleja situación externa. Resaltan las mentiras oficiales, máxime cuando estamos presenciando los nuevos incrementos a los artículos de primera necesidad y a los servicios básicos, más los que ya se anuncian a pesar de la negativa oficiosa del priismo desgastado y propiciador de la corrupción. La apariencia contraria la da un representante de la oposición, al declarar que “sistemáticamente no cumplimos la meta para regresar al déficit en su equilibrio. Como resultado de eso, en seis años hemos duplicado la deuda pública de México, hoy ya es 50 por ciento del producto interno bruto. Es una carga importante, pero sobre todo tenemos una pérdida seria de credibilidad, y es porque este Congreso tampoco ha cumplido su responsabilidad de vigilar a detalle lo que hace el Ejecutivo”. Lo lamentable es que eso quede en el palabrerío, porque nos consta que la realidad es muy diferente, pues el papel del Congreso siempre ha consistido en aplaudir todas las decisiones presidenciales, como ocurrió con la aprobación de las reformas estructurales en este sexenio.

En el sector educativo y cultural hubo múltiples protestas, con la exigencia de que ese irreflexivo paquete no llegue a aprobarse mientras no se le hagan las correcciones de rigor. Integrantes de la comunidad científica lamentaron que el gobierno federal pretenda disminuir para el año próximo la inversión en ciencia y educación, “dos rubros fundamentales” para el desarrollo de cualquier país. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México lamentaron que la clase política aún no se convenza de que destinar recursos para educación científica y tecnológica “es la mejor inversión que puede hacer el país”. Asimismo, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que para este Consejo el recorte será de más de cuatro mil millones de pesos, poco más de 10 por ciento menos de lo que se está ejerciendo este año. Consideró que el año próximo será complejo para el sector, pero aseveró que existe el compromiso de no perjudicar más los programas fundamentales de formación de capital humano: el Sistema Nacional de Investigadores, las becas de postgrado y las cátedras para jóvenes investigadores, lo que es importante conservar a pesar de los recortes, aun cuando para Peña Nieto sea incomprensible la capacitación, el estudio y el impulso a todas las instituciones educativas nacionales. Lo que le interesa, por lo que se está viendo, es fortalecer más a la clase política y hundirnos en la ignorancia para seguir gobernando sin problemas.