29 de agosto de 2016

El 39° Congreso de la FIDH expresa su profunda preocupación por los recientes hechos dados a conocer por su liga afiliada en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos – CENIDH, y que atentan contra los principios democráticos y el Estado de Derecho.

El 8 de junio de 2016, tres días después que el Partido Liberal Independiente – PLI, primera fuerza de oposición al gobierno, ratificó sus candidatos a Presidente y Vice Presidenta de Nicaragua para las elecciones de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determinó que la dirigencia ya no tenía la representación legal del PLI, segunda fuerza política del País y en consecuencia los candidatos designados resultaron impedidos de participar en la contienda.

El PLI contaba con 28 diputados (16 titulares y 12 suplentes) electos hace más de 4 años, estos no reconocieron el liderazgo del nuevo representante legal, Sr.Pedro Reyes, éste reclamó la destitución de los diputados ante el Consejo Supremo Electoral.

Acto seguido, el 28 de julio de 2016, a pocos meses de concluir el período para el cual fueron electos, a solicitud del Consejo Supremo Electoral, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional procedió a destituir a los 28 diputados de oposición. La destitución procedió, pasando por encima de la voluntad del 30% de los votantes que participaron en las elecciones de 2011.

En estos casos, la actuación coordinada de los poderes del Estado evidencia la orientación a beneficiar al partido de gobierno eliminando la disidencia en la Asamblea Nacional y dejando el camino libre para el control total de este ente por parte del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN, en las próximas elecciones del 6 de noviembre de este año.

La recién anunciada candidatura de Daniel Ortega como Presidente para un tercer periodo consecutivo y de su esposa, Rosario Murillo como candidata a Vice-presidenta, ambos por el FSLN crean las condiciones para que se dé una sucesión familiar en el poder, atentando contra principios democráticos esenciales.

Las anteriores son señales claras de que se impulsa un régimen de partido único que pretende perpetuarse en el poder comprometiendo el desarrollo de esta nación centroamericana, que continúa siendo el segundo país más pobre del continente. Estos actos contravienen el pluralismo político, el carácter republicano de la forma de Estado y de gobierno, así como la democracia representativa, establecidas en la Constitución de Nicaragua y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por este país.

En vista de ello,  el 39° Congreso de la FIDH declara:

1.    Que las situaciones descritas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que las mismas apuntan a la consolidación de un Estado autoritario.

2.    Urge que los diferentes poderes del Estado de Nicaragua, ejecutivo, legislativo y judicial, se conformen a las normas establecidas en la constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos y garanticen en su funcionamiento autonomía e independencia.

3.    Requiere de la comunidad internacional, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) monitorear permanentemente la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Particularmente, exhortamos al Secretario General de la OEA que presente el Informe sobre Nicaragua en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.