Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

La corrupta costumbre de la venta de plazas  con que negocian los dirigentes e integrantes de la vandálica sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de los altísimos sueldos que reciben sin trabajar, ha propiciado que la mayoría no posea la mínima preparación para desempeñar el cargo de profesor, por eso su encarnizada oposición a ser evaluados periódicamente, como lo establece la reforma educativa, que el gobierno del estado se ha negado a acatar, en contra del pacto federal y por complacer a esa espuria dirigencia. El pasado fin de semana debió haberse llevado a cabo en la entidad, como en toda la República, pero fue suspendida por la oposición violenta del magisterio estatal, que todavía hizo gala de su supuesto triunfo sobre la disposición de la Secretaría de Educación Pública, diciendo estar listo para impedir esta “prueba punitiva”; “la reforma educativa no pasará” dijo seguro de que tiene en su poder al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de que maneja al gobernador a su antojo. “En Oaxaca le decimos a Emilio Chuayffet que no llovió ni tronó y la evaluación no pasó”, dijo el representante del sector estatal de la CNTE. Anunció que tenían programado para el lunes siguiente acudir a las radiodifusoras y televisoras para informar sobre el rechazo al examen, que consideran viola sus derechos laborales. “La posición de la sección 22 es clara, que en Oaxaca la evaluación no va a pasar”, insistió”.

En efecto, el lunes pasado allanaron alevosamente y en gigantescas pandillas las radiodifusoras, para transmitir por la fuerza su mensaje de solicitud de  aprobación de la Ley Estatal de Educación, basada en el Plan para la Transformación de la Educación que la propia 22 ha elaborado, de acuerdo a sus bastardos intereses. Como si el pueblo oaxaqueño ignorara que se trata de un sector de la delincuencia organizada, se atrevieron a pedir la comprensión de la ciudadanía y el cese de la criminalización de la protesta, como le llaman a sus vandálicos movimientos, más que tolerados aprobados por las autoridades. Dijeron, creyendo engañar a la gente, que las evaluaciones buscan acabar con sus derechos laborales y privatizar la educación en el país, cuando ellos tienen asegurados sus empleos sin merecerlos y cuando más que privatizar, pretenden suprimir la educación.

A los que querían evaluarse, los profesores de la sección 59, se les informó que serán convocados para presentar el examen de evaluación docente en otra fecha, al no haber condiciones para llevarlo a cabo en las sedes programadas. En el boletín de prensa difundido se dijo que la SEP y el IEEPO informarán en los próximos días, horarios y lugares para que ejerzan su derecho de participar en el proceso de promoción en el servicio público educativo. Estos profesores lamentaron la suspensión de la prueba en la entidad y que la disidencia no les permitiera evaluarse como en el resto del país, en donde las autoridades sí cumplen con su deber y hacen cumplir las leyes, no como en Oaxaca, donde se siente el vacío de poder y los grupos oportunistas como el magisterial deciden caprichosamente los destinos del estado. El líder de la sección 59 informó que ésta no teme a la evaluación, ya que está convencida de que forma parte de las acciones para mejorar la educación en el país y combatir el rezago que aún se tiene. Esto es lo que a la 22 no le importa, porque su negocio es el rezago educativo con la venta de plazas que cualquier analfabeto puede adquirir, a sabiendas de que en poco tiempo puede recuperar su inversión.

Los diputados locales coincidieron en señalar que los integrantes de la 22 “se niegan a ser evaluados para evitar hacer públicas sus debilidades y deficiencias en la materia”. El diputado independiente Jefté  Méndez, cuestionó el nombramiento irregular de directores por parte del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, al ser un reto para la federación. Señaló que es facultad de la SEP validar esos nombramientos, dado que la sección 22 no puede ser juez y parte, toda vez que también maneja el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esto corrobora que el gobernador es manejado por el magisterio y que tampoco le importa la calidad educativa en el estado ya que sólo está al servicio de ese gremio, al que quiere colmar de beneficios, y por eso su empeño en endeudar más a su gobierno. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Onésimo Bravo Hernández, sostuvo que excluir a la entidad de la evaluación “es empoderar más a los líderes sindicales de la gremial y condenar a la mediocridad a quienes tienen la tarea de educar a las nuevas generaciones de oaxaqueños”.

El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, dijo que la SEP y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente deben asegurar que existan las condiciones para que se realice la evaluación, ya que “es lamentable que de nueva cuenta se suspenda la evaluación docente en Oaxaca y Michoacán…Una vez más dan marcha atrás, una vez más generan escepticismo y desconfianza entre los ciudadanos de su capacidad para aplicar la reforma educativa. Ahora nuevamente impera lo político por encima de lo educativo, y eso ha dañado profundamente la educación en el país, y ya es hora de que cambie.”

Muy importante ha sido la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, y es de esperarse que pronto la sentencia que pronuncie sea favorable a la evaluación educativa. El alto Tribunal de la República aseguró que para ejercer cualquier profesión se tiene que cumplir con los requisitos que impone la ley, y en el caso de los maestros, para permanecer en las aulas es razonable que se someta a la evaluación, de no hacerlo, no puede laborar en las aulas, por lo que se propone negar los 26 amparos a profesores de todo el país que alegan la inconstitucionalidad de la reforma educativa y la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Se determina priorizar el derecho humano de los niños a recibir una educación de calidad, además de considerar que la evaluación docente es constitucional.