• Quedan tres días para mover a México hacia un futuro renovable o dejarlo anclado en su dependencia del petróleo y el gas natural.
• Sin la LTE, México no podrá cumplir sus compromisos internacionales y nacionales de mitigación de Gases Efecto Invernadero.
• La Comisión de Energía del Senado de la República no debe permitir que los intereses particulares de unos cuantos detengan una transición energética de bajo carbono para México.

A tres días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado urgente al Senado de la República para que apruebe en sus términos el dictamen de la Ley de Transición Energética (LTE), como fue votada en la cámara de origen, la cual permitirá a México avanzar hacia un futuro más competitivo para las energías renovables, combatir efectivamente el cambio climático y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país.

Las organizaciones solicitaron expresamente a los senadores David Penchyna Grub, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, presidente y secretarios de la Comisión de Energía, que permitan que el dictamen de la Ley sea votado en el pleno antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Es importante destacar que, además de los beneficios en el combate del cambio climático por la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector eléctrico, la LTE traerá beneficios económicos, sociales y ambientales muy relevantes para México. Algunos de ellos son:

• Es la única ley secundaria de la reforma energética que beneficia al medio ambiente y promueve un desarrollo económico de bajas emisiones de carbono.
• La Ley establece una participación mínima de 35% de energías renovables en la generación de energía eléctrica para el 2024 (con metas intermedias para el período 2018 y 2021) y ofrece garantías a los participantes en el mercado eléctrico, lo cual promueve las inversiones al brindar certidumbre sobre el desarrollo de este mercado. Cumplir con la meta del 35% permitirá generar hasta 90 mil empleos directos en el 2024.
• Establece metas de generación de electricidad a partir de energías renovables para los años 2018, 2021 y 2024, es decir para los próximos 10 años. De cumplirse estas metas, el sector eléctrico podría reducir sus emisiones de GEI entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) por año al 2024. Una matriz energética con menor participación de hidrocarburos incentiva un desarrollo económico bajo en emisiones de carbono y hace a nuestra industria más competitiva a nivel internacional.
• Permitirá la diversificación de la matriz energética al incorporar energías renovables; reducirá la vulnerabilidad del sector eléctrico a los impactos de la volatilidad de los precios de combustibles fósiles, e incrementará la seguridad energética al hacer uso de recursos disponibles en el país y al evitar la dependencia de una sola fuente energética. Con el desarrollo de las energías renovables se limitaría hasta en un 65% la explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales a través de técnicas con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y la población.
• Promueve el desarrollo de un modelo de generación eléctrica distribuida que ofrece oportunidades para instalar hasta 20 GW de energía renovable distribuida y que permite la eliminación paulatina de hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional -43 mil millones de pesos anuales, como lo regula la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En este modelo eléctrico descentralizado, los usuarios tendrán el beneficio de reducir el pago del recibo de luz por debajo de los montos actuales y se crearían 40 mil empleos adicionales directos y hasta 200 mil indirectos[1].    
• Establece el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, que permite fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad y con ello desahogar de forma adecuada la energía generada con fuentes renovables, ampliando la participación de éstas en el mercado.
• Finalmente, fortalece e incrementa las acciones de eficiencia energética, lo que permite reducir la carga al sistema eléctrico nacional y reducir sensiblemente las pérdidas, generando ahorros importantes para el país. Con lo propuesto por la LTE en materia de eficiencia energética, se podrán mitigar 47 MtCO2e, ampliando las posibilidades de que México cumpla con sus metas de mitigación.

El pasado 27 de marzo, el gobierno mexicano presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir para el año 2030, el 22% de GEI sobre la línea base del 2013[2].

Si el Senado no aprueba la LTE, nuestro país no será capaz de cumplir estos compromisos, debido a que para lograrlo requiere una disminución sustancial en las emisiones provenientes de la generación de energía, las cuales se originan actualmente, en su gran mayoría, por la quema de combustibles fósiles como son el carbón, el combustóleo, el diesel y el gas natural.

México se encuentra en un momento decisivo para avanzar hacia la transición energética y dejar atrás la dependencia del petróleo. No podemos permitir, por ningún motivo, que los intereses particulares de unos cuantos detengan la inserción del país en el concierto de las economías más avanzadas y sustentables del mundo.